UGT, CSIF e Intersindical frenan la negociación de la Ley de la Función Pública

La consellera Gabriela Bravo junto a parte de su equipo directivo. / juan j. monzó
La consellera Gabriela Bravo junto a parte de su equipo directivo. / juan j. monzó

Los sindicatos reclaman un debate pausado para modernizar la labor de los funcionarios y apuntan que en 2010 el acuerdo tardó un año en lograrse

F. RICÓS

El departamento de Administración Pública de la consellera Gabriela Bravo no ha empezado con buen pie la relación con los sindicatos sobre la reforma de la Ley de la Función Pública. La Federación de Servicios Públicos de UGT, CSIF e Intersindical se han negado a iniciar unas negociaciones que desde la Conselleria querían resolver en seis sesiones y los representantes de estas tres organizaciones sindicales no quieren prisas. Tan es así que la primera de las reuniones, que tenía que haberse celebrado el pasado lunes, se ha pospuesto sin fecha.

Gonzalo Fernández, secretario de Administraciones Públicas de FSP, aseguró que esta «no es una ley cualquiera» porque afecta a la totalidad del sector público, no sólo el autonómico, también el local. «Hay que hablarlo con tranquilidad. Con prisas no se llega a buen puerto y a estas alturas no hay posibilidades de que salga. Una ley necesita como trámite ordinario un año entre los informes, la tramitación, la aprobación, y a la altura de la legislatura a la que estamos está difícil que se apruebe», indicó.

Gonzalo Fernández aseguró que la reforma debe incorporar las nuevas titulaciones académicas y se equivalencia a los puestos de trabajo porque cuando se aprobó la anterior no había entrado en vigor el plan Bolonia, además de adaptarse las titulaciones anteriores a su equivalencia a Bolonia.

«Es muy difícil que en esta legislatura se apruebe esta ley con la mayoría sindical en contra», sostiene UGT

También defienden desde la UGT que en la reforma hay que plantearse el envejecimiento del funcionariado, porque la edad media es de 53 años. «Y eso es algo muy serio que no se hace en seis reuniones como querían que aprobáramos el anteproyecto de ley. Detrás está la carrera profesional de mucha gente. Hay que resolver también la situación d de los 5.000 interinos o que llevamos 10 años sin convocar concursos. Y, sobre todo, podríamos aprovechar esta ley para modernizar la Administración», defendió el representante de UGT.

«Lo único que pedimos es que se actúe con conocimiento. No nos negamos a hablar de la reforma de la ley pero no es razonable que se actúe con prisas. En este barco nos acompañan CSIF e Intersindical y es muy difícil que esta ley se apruebe en esta legislatura con la mayoría sindical en contra», afirmó Gonzalo Fernández.

«Si estuviéramos ahora al principio de la legislatura todo sería distinto. Había tiempo por delante. Pero esta ley no sale en esta legislatura».

El presidente de CSIF, Daniel Matoses, incidió en que «no hay prisa» en aprobar esta reforma «porque queremos que se haga bien. En la ultima reforma, la de 2010, estuvimos un año de negociaciones y fue muy laborioso. Eso no quiere decir que ahora tuviera que suceder lo mismo. Queremos que se haga lo antes posible pero sin fechas límite para negociar». CSIF quiere que haya una negociación «ordenada» y que dure «lo que tenga que durar. Igual en cuatro meses está, o igual tardamos también un año, como en la última», incidió Daniel Matoses.

Intersindical, por su parte, reclama una «negociación real» de la Ley de la Función Pública. «Se nos plantea un procedimiento burocrático y parcial que no es una verdadera negociación, sino un procedimiento técnico», señalan en un comunicado a sus afiliados

El sindicato responsabiliza al Consell del «retraso considerable, más de un año», en iniciar la negociación. Critican también que se haya impuesto a los sindicatos un calendario de negociación y que no se haya consensuado.

Asegura que tras los incumplimientos de compromisos anteriores «no se puede pretender cerrar la negociación de manera precipitada con una pseudonegociación basada en el envío de enmiendas por correo» y que no se puedan debatir convenientemente.

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