El CSIF insiste al TSJ para que suspenda el decreto de usos del valenciano

El alto tribunal desestimó la paralización temporal de la norma aunque todavía no ha analizado el fondo del asunto

EFE VALENCIA.

El sindicato CSI·F ha presentado recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que deniega la petición de suspensión cautelar del decreto de usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales.

El recurso argumenta que ese decreto «vulnera el derecho de los empleados públicos a expresarse en la lengua oficial que deseen», según un comunicado de CSIF. La organización pide la suspensión cautelar y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia aún no ha sentenciado sobre el fondo del asunto.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) interpuso en mayo un recurso contencioso contra el decreto 61/2017, de 12 de mayo. En sus alegaciones explicaba que el decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la Constitución Española, que defienden el derecho a la libertad de expresión y el acceso a cargos y funciones en igualdad de condiciones.

También incumpliría el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la obligación de negociar en la mesa correspondiente las cuestiones que afecten a las condiciones laborales de los trabajadores, ya que no hubo negociación.

CSI·F continúa relatando que el recurso fue admitido a trámite en junio por el TSJ, y la central sindical, además, pidió al tribunal que ordenara la suspensión cautelar de esa directriz del Consell por «los perjuicios de imposible o difícil reparación». El TSJ desestimó esa medida a principios de julio, sin entrar a enjuiciar el fondo del asunto y sin dictaminar todavía sobre la legalidad del decreto del Consell.

La central sindical recuerda que el artículo 4.1 del decreto establece que el valenciano será «la lengua destacada de uso normal y general de la Administración de la Generalitat». En su exposición, el sindicato destaca que, «en consonancia con ello, el capítulo III y el capítulo IV del decreto contienen mandatos concretos y específicos que excluyen la utilización del castellano por parte de los empleados públicos e imponen la utilización del valenciano».

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