Crispación e incidentes durante el 9 d'Octubre en Valencia

La situación no se calmó cuando la comitiva encauzó la calle San Vicente Mártir, donde la Policía tuvo que reforzar algunos lugares con más presencia de agentes por el aumento del nivel de insultos en algunas zonas. Finalmente, la procesión cívica se dirigió a la calle de la Paz donde la situación se normalizó.

El recorrido por Pintor Sorolla y la calle Barcas también estuvo salpicado de insultos y aplausos, dependiendo de a qué grupo se acercaban los dirigentes políticos. Cinco minutos antes de la una y media de la tarde, la Senyera fue izada por el balcón municipal para ser trasladada al Museo Histórico. Una breve mascletà, pero ensordecedora, puso punto y final a los actos de la mañana. Tras lo que la multitud, más numerosa que otros años, fue dejando poco a poco los alrededores del Consistorio.

La Policía Nacional tomó la plaza del Ayuntamiento y sus alrededores para garantizar la ausencia de incidentes y la seguridad del público en la procesión cívica de este año.

Incidentes mucho más graves han sucedido, por la tarde, en la concentración convocada por la comisión 9 d'Octubre -integrada por Acció Cultural del País Valencià, PSOE, Compromís, Podemos, UGT, CC.OO.-, entre otras entidades. La Policía ha tenido que intervenir desde el comienzo de la marcha. Algunos integrantes de Yomus se han presentado en San Agustín con banderas de España y senyeras y han increpado a los manifestantes.

Una vez empezada la manifestación, un grupo de unas 30 personas de ultraderecha han agredido a un hombre en la calle Nuestra Señora de Gracia y han ido a por un grupo de independentistas, que se han tenido que refugiar en un bar cercano. También ha sido atacado un fotógrafo de un medio de comunicación.

El dispositivo policial, formado también por unidades antidisturbios, ha protegido a la manifestación por la calle de Colón y ha llevado a cabo varias cargas ante peleas que se estaban produciendo entre simpatizantes de ambos bandos.

El recorrido de la comitiva oficial, cortado inicialmente en dos por la Policía, ha transcurrido por la calle de Colón pero cuando se disponía a girar hacia el Parterre, donde estaba previsto su finalización, las amenazas de más simpatizantes "ultras" que les esperaban allí ha obligado a los organizadores a dirigirse por la Porta de la Mar hacia la calle de Navarro Reverter.

Allí ha finalizado con la lectura del manifiesto de este año -que llevaba por lema "Sí al valencià"- por parte de uno de los responsables de la Comissió 9 d'Octubre y miembro de Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, quien ha aceptado el megáfono de uno de sus vehículos que le ha ofrecido la Policía ante la ausencia de medios técnicos, pues estaba todo montado en el Parterre.

Compromís ha solicitado la dimisión inmediata del Delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, por no garantizar la seguridad y el derecho de manifestación de las personas que han acudido este lunes a la marcha convocada por la Comisión 9 d'Octubre con motivo del día de la Comunidad, bajo el lema “Sí al valencià” en favor de la lengua.

También Compromís ha presentado en el Congreso una propuesta de declaración institucional para condenar "los actos de violencia fascista" tanto "verbal como física" que se han dado durante la procesión cívica y la manifestación con motivo del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa rechaza "las agresiones, insultos y exhibición de simbología nazi por parte de simpatizantes de partidos de ultraderecha" que han "empañado un día de celebración para todo el pueblo valenciano y han intentado interrumpir el normal ejercicio de expresión" de los ciudadanos.

Manifiesta así su enérgico rechazo "a los ataques contra la integridad física y moral que se han vivido contra la sociedad civil y contra diversos representantes de las instituciones valencianas".

Destaca que es una marcha "dentro del marco de la reivindicación democrática en un entorno de respeto y convivencia".

"El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y de manifestación, derechos ambos por los que el Estado debe velar para asegurar su libre ejercicio en un entorno de seguridad y plenas garantías", concluye.