Esteban Cuesta insinúa ahora que Enrique Crespo quería blanquear con un lotero de Manises

Esteban Cuesta, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / J. SIGNES

El exgerente de la depuradora pide que comparezca el exdueño de El Enano Afortunado para aclarar una reunión que tuvo en la Diputación

A. RALLO VALENCIA.

La actuación de Esteban Cuesta sigue generando sorpresas en el caso Emarsa. El exgerente de la planta ha presentado un escrito en el que insinúa que el presidente de la depuradora, Enrique Crespo, quiso blanquear dinero con el que fuera dueño de la administración de loterías El Enano Afortunado. Es más, solicita que el propietario del negocio acuda a declarar como testigo en el juicio por el expolio de la depuradora de Pinedo

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La pretensión difícilmente encuentra amparo legal. El plazo para proponer prueba se agotó en las cuestiones previas al inicio de la vista. Por tanto, la Sala presumiblemente rechazará la solicitud del letrado del exgerente. Pero más allá de esta cuestión, el escrito aporta información «altamente llamativa».

La documentación incorpora una fotocopia del control de visitas en la Diputación de Valencia -fichero que ya constaba en la causa- en la que se recoge la visita de Miguel Ángel Camacho -el dueño de El Enano Afortunado- a la sede de la corporación provincial. En el mismo escrito, se recoge que la persona con la que se reúne es Enrique Crespo. Llama la atención que ese encuentro, de unos 45 minutos de duración, se produjera a mediados de 2005, unas fechas en las que supuestamente se inicia el pago de comisiones por los sobrecostes de lodo. De igual modo, resulta significativo que ese mismo día que el lotero acude al despacho de Crespo también esté presente el entonces gerente de la depuradora.

El lotero fue condenado por el blanqueo del botín logrado en un atraco a un banco de Yecla

El abogado insiste en el interés de Cuesta «de colaborar con la Justicia». El escrito añade, además, que el lotero fue condenado por blanqueo de capitales en el año 2003. Un tribunal de Murcia lo condenó a seis meses de prisión y a pagar 2,6 millones de euros. Es el valor del dinero que supuestamente blanqueó a partir del botín obtenido por una banda que atracó el Banco Popular en Yecla en Nochebuena de 1998, tal y como publicó LAS PROVINCIAS. En 2005, además, se vio obligado a cerrar la administración por orden de Loterías del Estado. La administración era la más importante de la Comunitat y la tercera en volumen de negocio en España. Sólo la superaba en ventas el establecimiento de Sort y otro negocio de Madrid.

La petición de Cuesta añade otro detalle más para facilitar el encaje de la teoría que sugiere el exgerente. Recuerda que el exvicepresidente de la Diputación de Valencia ha sido investigado por blanqueo de capitales. Sin embargo, en un procedimiento por ese delito sólo fue juzgado -el Supremo ordenó la repetición del juicio- el hermano del político, Carlos Crespo. Los familiares tenían una cuenta en Andorra con fondos cuya justificación era dudosa.

Enrique Crespo, en realidad, fue juzgado por alzamiento de bienes. La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat sostenían que ocultó 12 millones de euros de un premio de la lotería de Navidad. Las acusaciones le acusaban de dar sus décimos a su familia para que esta los cobrara y eludir de esa forma la supuesta responsabilidad civil que se derivara de una condena en la pieza principal de Emarsa. La juez les absolvió.

Esteban Cuesta en su declaración ha reconocido la existencia de una trama delictiva para saquear los fondos de la depuradora. Implicó a los altos cargos Ignacio Bernácer, José Juan Morenilla y Enrique Crespo. Sin embargo, unos días más tarde entregó un escrito en la Audiencia que suponía un nuevo giro en su relato. Aseguró que Bernácer, que ha pactado con la Fiscalía a cambio de una rebaja de pena, era quien en realidad «monopolizaba» cualquier gestión de Emarsa con la Emshi y que gestionaba el asunto de los lodos. Expresamente exculpó a Morenilla de cualquier responsabilidad en las Comisiones de Seguimiento y en el cobro de comisiones por los sobrecostes del tratamiento.

La Sala abre expediente a un letrado por su comportamiento

La tensión en la sala se ha desbordado. El tribunal que juzga el caso Emarsa anunció esta semana la apertura de un expediente al letrado Serafín Pons, que representa los intereses del empresario encarcelado Ignacio Roca Samper. El presidente de la Sala le instó a presentar sus quejas por escrito, y el abogado reprochó al tribunal su lentitud al resolver. Además, reprochó al ponente que no atiende cuando son las defensas las que interrogan. Este último incidente ha terminado con la paciencia de los magistrados. La Fiscalía también se quejó esta semana de que el letrado estaba haciendo fotos durante la vista, algo totalmente prohibido.

No es el único problema con los abogados. El empresario José Luis Sena, acusado del cobro de comisiones, se quedó al margen de este juicio por el conflicto con su letrado del turno de oficio. El profesional denunció la existencia de una estafa procesal al afirmar que se estaba negociando una conformidad al margen de su actuación. Ahora, Sena ya cuenta con nuevos abogados. Se trata de Ignacio Castillo y Andrés Zapata. El empresario será juzgado en otro procedimiento una vez termine la vista actual.

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