Correa confiesa los pagos en ‘b’ y las facturas falsas del PP valenciano

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa./EFE
El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. / EFE

Remite un escrito al juzgado en el que reconoce las acusaciones y negocia un acuerdo con la fiscalía en vísperas del juicio por la financiación

F.M.

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, que será juzgado a partir del lunes en la Audiencia Nacional, junto a otros 19 acusados, por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama, negocia con Anticorrupción un acuerdo de conformidad que atenúe su condena a cambio de reparar el daño. La defensa de Correa ha remitido un escrito al juzgado central de lo penal en el que admite como ciertos «los hechos descritos en el escrito de acusación del ministerio público» de febrero de 2015.

¿Y cuáles son esos hechos? El propio Correa admite que «el pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron a Orange Market -la firma del grupo dirigida por Álvaro Pérez- de tres maneras: mediante facturas correctas, mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas». Se trata de la confesión en toda regla -con la intención de llegar a un acuerdo con la fiscalía para tratar de reducir al máximo su condena- del que está considerado como el principal cabecilla de la trama.

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, Correa relata que Orange Market se creó «porque dejamos de trabajar para el PP en la sede de Génova en Madrid. Álvaro Pérez tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps, quien le propuso hacer eventos para el PP de Valencia». Esa sucesión de hechos es conocida, aunque es ahora cuando Correa lo admite. También que Orange Market pasó a ser controlada por José Ramón Blanco Balín, que se ocupó de la contabilidad y de la fiscalidad de la empresa. Y añade: «Entiendo que la ocultación de ingresos y la creación de facturas ficticias de gastos las realizaría él o una persona a su cargo. Yo nunca me ocupé de las declaraciones tributarias».

Correa explica que no podía conocer los detalles de tales operaciones, «pero sí estaba al corriente de que se nos pagaba de esa forma». El reparto de funciones era el que sigue, detalla Correa: «Álvaro Pérez se dedicaba a la captación de eventos y su desarrollo, y Pablo Crespo era quien supervisaba desde Madrid, con Cándido Herrero, los costes de los eventos y los trabajos». Y era también Herrero el responsable «de los cobros, pagos a proveedores y nóminas, bajo la supervisión de Pablo Crespo».

Correa explica que «el dinero ‘b’ de Valencia se trasladaba a Madrid. Existía una caja ‘b’ que la controlaba yo. A través de ésta fue como Álvaro Pérez cobró durante un tiempo en ‘b’ hasta que se solucionaron sus problemas fiscales». El cabecilla de Gürtel insiste en estar a disposición de la fiscalía «para el esclarecimiento de los hechos objeto de acusación».

Correa cumple ya una pena de 13 años de prisión por la pieza de Fitur. Según informaron a Efe fuentes jurídicas, la defensa de Correa, que ejerce el letrado Juan Carlos Navarro, ultima un acuerdo con la Fiscalía para conseguir que su cliente sume el mínimo de pena a ésta y a la que le espera cuando llegue la sentencia por la primera época de Gürtel, en la que se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 125 años.

En este juicio, en el que se sentarán 20 acusados en el banquillo -entre ellos los exdirigentes del PP Ricardo Costa o Vicente Rambla- Correa se enfrenta, antes de alcanzar un acuerdo, a una petición de la Fiscalía de 24 años y medio de cárcel. Por el momento, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que corresponde juzgar estos hechos, ordenó en diciembre el desbloqueo de dos cuentas que Correa tenía en Suiza a nombre de una sociedad para hacer frente con ese dinero al pago de la responsabilidad civil.

El juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, asumía así en un auto, al que tuvo acceso Efe, la petición, firmada por Correa, de desbloquear esas dos cuentas a nombre de Golden Chain Properties en la entidad Crédit Suisse «para proceder a la reparación del daño causado». Al decretar el desbloqueo, acordado al estallar el caso en 2009, el magistrado concreta que solo se debe extraer de esas cuentas los 2 millones de euros que la Fiscalía estima que se defraudó al financiar de forma irregular las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 a través de la trama Gürtel y sus vínculos con la excúpula del PP valenciano.

En el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano están citados a declarar como testigos el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el expresidente de Les Corts Juan Cotino. Ambos lo harán el próximo 7 de marzo. Se trata de dos de los más de cien testigos solicitados por las partes para este juicio, que comprenderá 22 sesiones, entre el 15 de enero y el 6 de abril, cuando se expondrán las conclusiones finales.

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