Una contrata de las basuras de Valencia dio 500.000 euros a la firma de la campaña del PP

Alfonso Grau y su abogado, cerca de los juzgados. / damián torres
Alfonso Grau y su abogado, cerca de los juzgados. / damián torres

Agricultores de la Vega aportó capital a fondo perdido y sin ninguna documentación para una sociedad que no tuvo actividad

A. RALLO

valencia. Empresarios que supuestamente colaboraron en el pago de la campaña electoral del PP en 2007 comparecieron ayer para explicar su relación con la firma Laterne, la organizadora de aquellos eventos del partido en Valencia. Todos comparecieron como testigos, aunque las explicaciones fueron más bien escasas. Predominaron las evasivas y la falta de argumentos convincentes.

Llamativa fue la declaración del responsable de Agricultores de la Vega, la concesionaria de la limpieza y la basura en la zona sur de la ciudad. Admitió que entregó 500.000 euros para la constitución de PMC, una filial de Laterne que, en teoría, iba a concurrir a proyectos del Ayuntamiento de Valencia. La realidad es que esa sociedad se inscribió en diciembre de 2007, pero careció de cualquier actividad. En principio, de esa cantidad, unos 150.000 se justificarían con un contrato de préstamo. Pero nunca se pidió la devolución. Al parecer, se compensó con diferentes gastos que se generaron en la firma, según explicó. No ofreció más detalles. Tampoco del resto de transferencias hasta sumar casi 500.000 euros. Acorralado por las preguntas del juez y del fiscal, el testigo terminó por reconocer que lo «hizo a fondo perdido y no pidió nunca justificación de la misma». Una forma de actuar difícilmente compatible en la lógica comercial. El empresario indicó que se trataba de un proyecto bueno para Valencia y que eso también le impulsó a participar. Sin embargo, esa supuesta generosidad no volvió a repetirse, según admitió ante las preguntas que le formularon.

El industrial también aprovechó su comparecencia para explicar que en las reuniones en las que participó no estaba presente el exvicealcalde Alfonso Grau. La Guardia Civil sitúa al político popular al frente de la financiación irregular del PP durante las elecciones de 2007 y 2011. La investigación ha revelado un complejo entramado de recaudación de fondos para la caja B del partido desde donde se abonaban las campañas electorales. El exvicealcalde ha terminado imputado por malversación y cohecho y como pieza esencial de la trama.

Otra de las grandes contratistas del Ayuntamiento en 2007 era Secopsa. El testigo que compareció ayer derivó cualquier responsabilidad de hace una década a su padre ya fallecido. Además, adelantó que carece de cualquier documentación. Le inquirieron acerca de si, al margen de las actuaciones en el Consistorio, habían hecho algún trabajo para Alfonso Grau. Indicó que no le constaba esa información.

Similares respuestas obtuvo el juez del responsable de la empresa Pavasal, firma que también la Guardia Civil señala como una de las colaboradoras de la campaña de 2007. En su caso, indicó que los responsables eran su padre y su tío. Explicó que la noche anterior estuvo cenando con su progenitor, pero no hablaron del tema por el que ayer le iban a interrogar.

Las donaciones de empresarios son una de las vías analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para financiar al Grupo Municipal. Pero las pesquisas también apuntan hacia otro método. El entramado de fundaciones vinculadas al Ayuntamiento de las que Laterne también recibió cuantiosos fondos. En este sentido, destaca especialmente Turismo Valencia que entregó 600.000 euros. No existe documentación que justifique el ingreso de esa cantidad.

Otra de las entidades bajo sospecha es el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD). La oposición ya denunció en su día la opacidad de la institución. El Ayuntamiento de Valencia inyectó más de ocho millones de euros desde la creación de la entidad. La mayor cifra se produjo curiosamente en 2007, el año de los comicios, cuando se alcanzaron los 900.000 euros. El 82% de la facturación del grupo Laterne a sociedades financiadas por el Ayuntamiento fue entre 2006 y 2008. Recientemente, el juzgado ha acordado una comisión rogatoria a Bruselas para rastrear una transferencia de 200.000 euros a una de las firmas vinculadas a Laterne.

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