Contelles exige a la Diputación explicar por qué retuvo el informe contra Pérez

Contelles anunció que el PP va a solicitar por escrito mañana el citado informe, «que hemos requerido hasta en tres ocasiones sin respuesta y que hoy (por ayer) hemos visto publicado», señaló la portavoz popular en referencia a la noticia adelantada ayer por LAS PROVINCIAS. La dirigente popular de la Pobla de Vallbona indicó además que reclamará la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de Divalterra, empresa que encadena problemas de todo tipo desde que en mayo de 2016 se presentó como una refundación de la antigua Imelsa, una firma que había protagonizado sonados escándalos.

«En Divalterra la transparencia no es solo un concepto: es una manera de entender la propia gestión de la empresa. Queremos que la ciudadanía conozca qué se hace con cada céntimo de dinero público», señalaron en la refundación de la empresa sus cogestores, Agustina Brines y Víctor Sahuquillo. Este último, uno de los hombres del presidente Rodríguez, tuvo que abandonar Divalterra al conocerse unas facturas cargadas a la entidad en las que se incluían consumiciones alcohólicas de Sahuquillo, que dimitió en diciembre de 2016, el mismo mes y año durante el que se realizó el informe jurídico retenido por Rodríguez.

«Al parecer el informe confirmaría nuestra posición acerca de la incompatibilidad de Rosa Pérez para continuar como consejera tras figurar como investigada en el caso Taula», señaló Contelles, para quien lo «realmente grave, más allá de que Rosa Pérez haya incumplido su deber de comunicar al consejo su condición de investigada, tal y como asevera el informe, es que Jorge Rodríguez, teniendo conocimiento del escrito del despacho que asesora jurídicamente a Divalterra, lleva ocultándolo más de un año sin tomar las medidas que el propio informe le indica que obligatoriamente debe adoptar». Esas medidas, siempre según la opinión de la asesoría jurídica, serían la convocatoria de un consejo y de la junta para proponer el cese como consejera de la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. El informe también plantea adoptar dichas acciones contra cualquier otro consejero que esté en la misma situación.

A juicio de la portavoz popular, «el comportamiento de Rodríguez es extremadamente grave, incluso podríamos estar ante una presunta prevaricación dado que conoce el contenido del informe y las exigencias que recoge desde diciembre de 2016».

Contelles añadió que «éste es el último de ejemplo de una práctica habitual del equipo de gobierno que dirige Rodríguez, que sistemáticamente retiene y no facilita a la oposición toda aquella documentación que revela las irregularidades de su gestión».