El TC anula la ley que impulsó Podemos para revocar a Barberá como senadora

El exlíder de Podemos Antonio Montiel, en pie, conversa con Manolo Mata (i) y Fran Ferri./EFE/KAI FÖRSTERLING
El exlíder de Podemos Antonio Montiel, en pie, conversa con Manolo Mata (i) y Fran Ferri. / EFE/KAI FÖRSTERLING

El Constitucional considera que la norma aprobada en Les Corts por el tripartito excede las competencias de la Cámara valenciana

D. Burguera
D. BURGUERAValencia

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha sido paciente durante un año. Desde ayer espera el momento para cruzarse por Les Corts con Antonio Montiel, exportavoz de Podemos en la Cámara autonómica, para recordarle: «Te lo dije». Y es que Mata, cuando los socialistas apoyaron la ley impulsada por los podemistas para revocar senadores territoriales, ya advirtió a Montiel de dos cosas: de que la norma era insconstitucional y de que en ningún caso el PSPV apoyaría ninguna revocación. Efectivamente, ayer, el Tribunal Constitucional anunció que anula la ley que el partido morado confeccionó para revocar a la entonces senadora territorial, Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia. Les Corts aprobó la norma con el único voto en contra del PP.

Los populares calificaron entonces la norma de «bodrio». Mata ya indicó en abril de 2016 que la ley de 2010 y aprobada por el PP, fue «una cafrada» y que la modificación impulsada por Podemos era «otra cafrada». En cualquier caso, el PSPV apoyó la ley «por lealtad al acuerdo político» que tienen con Podemos y Compromís. La propuesta de la formación morada llegó tras la negativa de la exalcaldesa (que falleció sólo unas semanas después de aprobarse esta norma) a comparecer ante Les Corts para que los grupos parlamentarios le preguntaran por su implicación en Taula. El Consell, en la toma en consideración de la propuesta de Podemos, ya había mostrado sus dudas.

El TC las resolvió ayer. El pleno del tribunal anula la ley al considerar que algunos preceptos de la norma son «inconstitucionales y nulos» porque «exceden de las competencias de la Comunidad Autónoma y vulneran el artículo 67.2 de la Constitución, que garantiza el libre mandato político para los miembros de las Cortes Generales». De este modo, el TC estima el recurso promovido por más de 50 senadores del PP contra los apartados 1,3,4, 5 y 7 del artículo único de la ley, así como contra la disposición transitoria única de la ley que establece la posibilidad de revocar a los senadores cuando incurran en comportamientos que susciten pérdida de confianza o desprestigien sus instituciones.

La sentencia explica que la Constitución prevé dos mecanismos de elección de los senadores: por comicios y por las asambleas legislativas autonómicas. Así, recuerda que todos los senadores designados por cualquiera de los dos modos ostentan una «posición constitucional idéntica». Igualmente, señala que gozan, por imperativo del artículo 67.2 de la Constitución, de «una libertad frente al Estado en cuya virtud el ordenamiento no puede prestar su sanción o fuerza de obligar a acto alguno que pretenda predeterminar el ejercicio por el diputado o senador de sus funciones como tal». Por ello, considera que el precepto que establece que los partidos podrán solicitar la comparecencia «obligatoria» de los senadores territoriales «para rendir cuentas», «no tiene sustento en ninguna competencia autonómica», es «contrario al propio Estatuto de Autonomía» y, «inconstitucional». El varapalo a las tesis de Podemos es mayúsculo.

El TC también ve inconstitucionalidad en la comparecencia anual obligatoria de los senadores ante Les Corts. La norma, explica la sentencia, «vulnera de forma explícita la Constitución. Coloca a los senadores en una inequívoca situación de subordinación a la asamblea, o de dependencia política de la misma», y también anula, tanto por razones de carácter competencial como sustantivo, el precepto que prevé la revocación del nombramiento del senador por ‘pérdida de confianza’ al señalar que una norma autonómica «no puede ni imponer cualesquiera deberes o controles sobre los miembros de órganos constitucionales del Estado ni tampoco puede ‘completar el régimen jurídico’ del ‘cese’ de estos senadores».

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