La Conselleria de Justicia aún no ha cumplido su objetivo de implantar la nueva oficina fiscal

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, antes de una reunión con personal funcionario.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, antes de una reunión con personal funcionario. / lp

Bravo tarda casi dos años en dar el primer paso para instaurar el modelo y, pese a ello, el Consell no lo incluye como una de sus tareas pendientes

J. MOLANO VALENCIA.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció a finales de octubre de 2015 en una comisión de Les Corts que su departamento iba a impulsar un nuevo modelo de oficina fiscal para «mejorar la organización y ejecución» del trabajo en las Fiscalías de la Comunitat. Pero no fue hasta el pasado miércoles cuando dio el primer paso para empezar a instaurar el programa. Casi dos años de retraso.

La conselleria ha incumplido el objetivo que se había marcado el pasado mes de enero en el seminario que realizó el Gobierno valenciano en Sagunto con el fin de evaluar y hacer balance de su gestión. Bravo tenía seis meses para poner en marcha la iniciativa y no movió ficha hasta hace apenas dos días. Pese a ello, el Consell no incluyó la implantación de la nueva oficina fiscal entre sus tareas pendientes tras el último de sus retiros de trabajo en Ademuz a finales de julio, sino más bien lo contrario. El Ejecutivo valenciano lo estableció entonces dentro de sus logros y marcó el asunto como «en ejecución», cuando la primera maniobra al respecto se dio esta misma semana.

El pasado miércoles, la conselleria de Justicia publicó la orden que determina la estructura de la nueva oficina fiscal en la Comunitat y de la unidad de apoyo al Fiscal Superior, como recoge el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El decreto, en el segundo punto de su disposición final recoge que «se faculta al titular del órgano directivo que tenga asumidas las competencias en materia de justicia para determinar, mediante resolución, la fecha de entrada en funcionamiento de las oficinas fiscales creadas por la presente orden». Un apartado que deja patente que no existe aún una implantación efectiva de la organización de carácter instrumental que sirve de apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal. Asimismo, la orden tampoco hace referencia a ninguna fecha ni a la dotación presupuestaria que se precisa para llevar a cabo la reorganización.

El Consell tiene marcado en su agenda este otoño como plazo máximo para la implantación de la nueva oficina fiscal, una meta que se antoja bastante complicada de alcanzar si se tiene en cuenta que a la Conselleria de Justicia le quedan muchos pasos por dar para tenerla lista de manera definitiva. Debe, entre otras cuestiones, adaptar varios puntos que recoge la orden publicada en el DOGV a las específicidades de la Comunitat, además de proceder aorganizar los puestos de trabajo. La organización de la Fiscalía es de carácter estatal, mientras que la orden de la conselleria se refiere a los puestos administrativos que dependen de la Generalitat. Por lo tanto, se deberá contar con los sindicatos que representan a los empleados de la Administración de Justicia para llegar a un acuerdo sobre los cambios que se vayan a llevar a cabo. Y no será una tarea fácil, puesto que algún colectivo podría presentar objeciones, como CSI-F.

El Consell tiene marcado en su agenda que la organización debe estar en marcha este otoño

La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, María José Ferrer San-Segundo, criticó ayer el retraso de Bravo en implantar el nuevo modelo de oficina fiscal y que «en la propia orden se posterga y deja en la indeterminación el plazo de la implantación efectiva». «Una vez más, la consellera demuestra lentitud e indecisión», dijo. Además, responsabilizó a la titular de Justicia de «vender humo cuando dio por logrado el objetivo de haber implantado el nuevo modelo que se estableció en el seminario de Sagunto y, aunque estaba incumplido, ni siquiera lo incluyó entre los deberes del Consell de Ademuz para el próximo semestre».

Por otra parte, San-Segundo denunció que entre los propósitos del Consell en materia de Justicia «hayan desaparecido alarmantemente objetivos como solventar el colapso informático, que no solo no ha resuelto, sino agravado», así como también «el plan de infraestructuras judiciales». Porque incluir ambos elementos esenciales como pendientes, según la diputada popular, «sería la prueba más evidente del fiasco de su gestión».

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