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Domingo, 20 de agosto 2017, 21:02
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Para el Consell de Transparencia, rendir cuentas de la actividad pública no puede traducirse en pura y dura indiscreción. Al menos, así se lo ha hecho ver a la propia conselleria de la que depende, la de Transparencia, que dirige Manuel Alcaraz, de Compromís. El consejo consultivo ha elaborado un informe donde frena la intención de su conselleria de difundir los informes elaborados por la Abogacía de la Generalitat.
El departamento de los letrados del Gobierno autonómico, que depende directamente de Presidencia, se oponía a una medida que considera que impediría a los abogados del Consell ejercer la defensa de los intereses de la Administración valenciana con la reserva necesaria para que los litigios lleguen a buen puerto. El cuerpo de abogados consigue de esta forma preservar una parte de su actividad que considera confidencial, algo que en el departamento de Alcaraz no tenían del todo claro. El Consell de Transparencia se ha puesto del lado de la Abogacía en un informe emitido a finales de mayo y que supone la mediación en un conflicto que se remonta a hace año y medio.
La Conselleria de Transparencia tenía la intención de establecer la publicación de todos los informes que emita la Abogacía «que supongan la interpretación del Derecho, tengan efecto jurídicos o se incorporen como motivación a una decisión final» del Consell. Sin embargo, el cuerpo de letrados autonómico sostenía que esa posibilidad «va más allá de lo que prevé la ley y supone graves distorsiones y contrasentidos en relación con la finalidad y la razón de ser misma de la Abogacía y sus informes».
Las alegaciones de los letrados contra las intenciones del Consell son contundentes por considerar que la obligación de difundir su actividad «carece de límites». Es decir, que Transparencia pretendía realizar un desnudo integral. Los juristas de la Generalitat advirtieron, además, de que publicar todos sus informes «podría generar efectos indeseables tales como revelar las estrategias jurídicas que puedan servir de defensa o argumento en pleitos que la Administración pudiese tener con terceros».
La difusión supondría, por tanto, dañar la defensa de los intereses generales frente a los de ámbito privado y particular. La Abogacía recordó a la conselleria que se les impediría prestar un servicio de carácter interno, «ejerciendo una tarea para la que el principio de confidencialidad es tan esencial como en el ejercicio privado de la abogacía». El clásico secreto profesional entre letrados y clientes (en este caso, entre la Abogacía y el Consell) hubiese quedado al descubierto. La conselleria optó entonces por consultar al Consell de Transparencia. El órgano competente para resolver estas discrepancias sobre la materia emitió un informe donde «comparte plenamente dos de los temores expresados por la Abogacía, que entiende que resultan bien fundados».
El consejo que preside Ricardo García Macho y que cuenta con vocales como Emilia Bolinches o el catedrático Carlos Flores Juberías le recuerda al Ejecutivo valenciano que su planteamiento legal deja sin límites la difusión de la actividad de la Abogacía, lo cual supondría «una revelación de las estrategias jurídicas de la Administración, redundando en una lesión para el interés general» del que la Generalitat es responsable.
El Consell de Transparencia autonómico apela a la ley nacional sobre esta materia, y recuerda que se deben prever «restricciones» con el fin de garantizar la confidencialidad y la igualdad de derechos de las partes enfrentadas en los procesos judiciales. El órgano consultivo reclama una limitación «legítima» y «sugiere la conveniencia de atemperar la amplitud» con la que el Gobierno valenciano concibe la transparencia. En este sentido el consell considera necesario sustituir «la obligación cuasi genérica» que defendía inicialmente el departamento de Alcaraz «por una decisión caso por caso».
En un último punto desde el Consell de Transparencia se señala al Ejecutivo valenciano que «deberá tomar en consideración la opinión experta de la propia Abogacía», con el fin de determinar qué puede hacerse público. No obstante, el órgano consultivo entiende que esta reserva puede limitarse en el tiempo con el fin de garantizar la transparencia. A modo de la desclasificación de documentos que se practica desde hace décadas en administraciones como la estadounidense, el consejo ofrece la fijación de un plazo tras el cual difundirse la actividad de los abogados de la Generalitat. Finalmente, en el desarrollo de la ley de Transparencia, la conselleria ha accedido a las pretensiones de la Abogacía, que deberá ser consultada antes de difundir los informes.
La relación entre el actual Consell y sus letrados no es la mejor del mundo. Especialmente con Compromís. El nombramiento de su responsable, la directora general María José Rodríguez Blasco, se produjo tras reiteradas tensiones entre socialistas y nacionalistas.
El deseo de buscar una decisión neutral entre los posicionamientos de los altos cargos de Compromís y PSPV ha empujado al Consell a recurrir a los informes de la Abogacía. Últimamente incluso ha sido consultada para saber quién debía señalarse como el responsable del decreto de plurilingüismo cuando el TSJ reclamó conocer a quién debería reclamar que se cumpla la suspensión de la normativa.
En algún caso, la actuación de los letrados en asuntos con marcada carga política ha causado cierta sorpresa en ámbitos judiciales. Por ejemplo, reclaman una responsabilidad contable de varios millones de euros en el Tribunal de Cuentas a cargos del PP que ni siquiera están investigados por la organización de la F-1, mientras que, en otros procesos en los que hubo investigación judicial abierta -pagos de la concertada- descartan acudir al Tribunal de Cuentas al no ver responsabilidad penal.
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