El Consell de Transparencia evita el choque con Alcaraz

El conseller Manuel Alcaraz. / efe
El conseller Manuel Alcaraz. / efe

La entidad cree que existe un vacío normativo que debe corregirse y descarta que la intención del conseller pase por desactivar a la institución

F. M. VALENCIA.

No hay polémica. O al menos no se quiere hacer pública. El Consell de Transparencia restó ayer importancia a la consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) realizada por el titular de la conselleria del mismo nombre, Manuel Alcaraz, en la que se plantean una serie de dudas respecto al cumplimiento de las resoluciones de este organismo así como a la posibilidad de recurrir a la vía contencioso-administrativa en caso de discrepancia entre la decisión del Consell de Transparencia y el criterio de un organismo de la administración autonómica.

Tal y como informó ayer este diario, el conseller Alcaraz solicitó a mediados de diciembre un dictamen en relación con el Consell de Transparencia. Una consulta con cinco preguntas concretas dirigidas al órgano consultivo que preside Margarita Soler, y en las que el titular de la conselleria de Transparencia se interesaba por supuestos concretos relacionados con la existencia de discrepancias entre las resoluciones del órgano en cuestión -el Consell de Transparencia goza de cierta autonomía aunque forma parte de la administración autonómica (y la coincidencia de nombres contribuye aún más si cabe a su invisibilidad)- y el criterio de un órgano de la Generalitat. Una de ellas, de hecho, venía a preguntar en concreto por el supuesto en el que la resolución del Consell de Transparencia fuera contraria al criterio de alguna entidad de la administración autonómica, dado que ésta no puede recurrir a la vía del contencioso.

La respuesta del Jurídic, tal y como reseñó ayer este diario, fue la de zanjar la discusión recordando que el contenido de las resoluciones del Consell de Transparencia debe «respetarse y cumplirse», en cumplimiento del principio de legalidad y del de respeto a las atribuciones, funciones o competencias del resto de órganos administrativo de la misma o de diferente administración.

El Jurídic llega a esta conclusión no sin admitir primero la necesidad de tramitar «una modificación en profundidad del actual procedimiento para la tramitación de las reclamaciones contra las resoluciones» del Consell de Transparencia.

Fuentes de este organismo consultadas ayer no entendieron la consulta del conseller Alcaraz al Jurídic como un intento de desactivar a esta institución. De hecho, lo que se subrayó es precisamente ese vacío en la normativa que deja sin resolver el supuesto planteado por el propio conseller, es decir, la respuesta que cabe dar a una resolución del Consell de Transparencia con la que exista discrepancia en el caso de que no se pueda recurrir a la vía del contencioso-administrativo. Desde este organismo se subrayó que la relación con la conselleria que dirige Manuel Alcaraz no ha sido negativa -el Consell de Transparencia va a cumplir ahora sus primeros dos años de vida- y que no existen resoluciones polémicas que les hayan afectado y que pudieran sugerir una discrepancia o incomodidad de fondo que hiciera pensar en que el Ejecutivo trata de encontrar la fórmula para esquivar las resoluciones de este órgano. Ni siquiera el hecho de que la consulta al Jurídic se haya hecho en previsión de esas discrepancias de criterio generó en las fuentes consultadas por este diario la sensación de que el Gobierno valenciano busque cómo desactivar a este organismo -pese a que el propio Jurídic reconoce que la consulta se plantea en relación con «el carácter definitivo y la efectividad de las resoluciones» del Consell de Transparencia-.

Lo que los informes de este órgano han venido poniendo de manifiesto hasta la fecha es la falta de medios de una institución que, por poner un ejemplo, incluso carecería de medios de defensa procesal en el caso de tener que afrontar un recurso contencioso. Una carencia de recursos y de personal que genera, tal y como ha venido detallando este diario, un significativo retraso en la resolución de expedientes.

La institución que preside Ricardo García Macho ya ha advertido en sus informes de estas carencias aunque su estrecha dependencia de la conselleria de Transparencia -su oficina de apoyo depende de la dirección general del mismo nombre- condiciona su reivindicación.

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