El Consell subastará los terrenos del entorno de Terra Mítica por 26 millones

Así lo anunció este viernes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell -prácticamente monopolizada por el nuevo decreto ley de Marzà y el plurilingüismo- en la que ha criticado la gestión del antiguo gobierno del PP. «El agujero generado por Terra Mítica ejemplifica de nuevo la ruina de un Consell que invertía dinero público en hacer parques de atracciones mientras privatizaba servicios básicos y profundizaba la desigualdad con sus políticas».

En este sentido, Oltra apuntó que «la operación de Terra Mítica ha supuesto la pérdida neta de 83 millones para la Generalitat, a los que hay que sumar los casi 150 millones que se invirtieron en las expropiaciones y la actualización del entorno. De esos más de 230 millones de euros, el Gobierno del Botànic recuperará con esta decisión 26,3 millones para los valencianos y valencianas mediante la venta en pública subasta».

Para la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, este es «otro ejemplo de la ruina en diferido», en este caso del Consell del entonces president de la Generalitat Eduardo Zaplana, «que decidió implantar un parque temático de grandes dimensiones en Alicante». A su entender, «la gestión irracional de Terra Mítica pone al descubierto una vez más la forma de gestionar del PP que basó su política en construir proyectos faraónicos, reparto de sobresueldos y organización de saraos deficitarios a costa de los valencianos».

Estos terrenos pasaron a ser propiedad de la SPTCV a finales de los años 90, tras un proceso expropiatorio fundamentado en la idea de posibilitar, en la zona cercana a Terra Mítica, un área terciaria y recreativa que aprovechara las sinergias generadas. Para ello se reservaron espacios libres, áreas de dotación pública, deportivas y hoteleras.

En la actualidad, estos terrenos «no tiene sentido» que sigan siendo propiedad de la Generalitat, ya que están siendo explotados por operadores privados a cambio del pago de un canon. Otros terrenos, no ocupados, tampoco son considerados activos estratégicos para la Generalitat.

Estas circunstancias, unidas al estado de «precariedad financiera» en que el Consell encontró a la SPTCV y a la propia «situación de infrafinanciación de la Generalitat», recomiendan el que se saquen a la venta los terrenos.

El objetivo es generar liquidez y evitar seguir gastando recursos públicos en unos bienes que apenas producen rendimientos, ya que «los cánones que se cobran son exiguos, irregulares y desiguales en su constitución, generando agravios comparativos entre los distintos propietarios», señalan desde el Consell. Los terrenos que se van a enajenar son aquellos no considerados estratégicos, que no tienen una perspectiva clara de convertirse en productivos o que, en caso de estar desarrollando una actividad, pueden seguir desarrollándola sin la titularidad pública. La Generalitat se reservará una parcela de 750.000 metros cuadrados.