El Consell Jurídic frena los excesos del Botánico

Puig y Oltra aceleraron los relevos en la composición de la institución estatutaria pero no han logrado dictámenes más cómodos El órgano asesor pone en jaque algunos de los proyectos estrella del Consell

FERRIOL MOYA

valencia. «Si lo que se quiere ahora es un Consell Jurídic acomodaticio, se acabará con su razón de ser». El expresidente del CJC Vicente Garrido intuyó en 2016 la motivación que impulsó al Gobierno valenciano a la renovación exprés del Consell Jurídic Consultiu, el órgano encargado de valorar el encaje legal de las iniciativas del Gobierno valenciano. Sin esperar a que Les Corts aprobara su propuesta -sigue sin hacerlo- el Consell de Puig y Oltra sacó adelante en aquella fecha sus tres nombres, apartó a Garrido de la presidencia y se garantizó, o probablemente eso calculó, unos dictámenes más favorables a las iniciativas del Consell.

Sólo unas semanas antes, el Jurídic había emitido un dictamen muy crítico con uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta Oltra, el del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana. La respuesta de la número dos del Consell fue acelerar los relevos en el CJC.

Con un órgano consultivo más 'maleable', debió de pensar el Ejecutivo valenciano, la cobertura legal a sus iniciativas políticas estaría garantizada. Con Asunción Ventura, Faustino de Urquía y Margarita Soler, el Gobierno del Botánico se sentía más cómodo, entre otras razones, porque esos tres nombres garantizaban una mayoría frente a los dos consejeros propuestos en su día por el PP, José Díez y Enrique Fliquete. El tripartito daba por desactivada otra de las minas que, bajo su criterio, habían dejado los populares tras veinte años de hegemonía electoral.

Quizá ese fue el análisis. Pero el paso de los meses ha demostrado que el actual Jurídic no es ni mucho menos más cómodo para el Botánico. Todo lo contrario. Algunos de los dictámenes emitidos por este órgano han dejado claramente en evidencia los proyectos del Gobierno valenciano. Desde cuestionar al Consell por no avanzar en políticas de igualdad de género hasta afear proyectos clave como el de usos del valenciano o, el más reciente, de la Renta Valenciana de Inclusión. El Jurídic viene poniendo en aprietos a un Consell que trata de imprimir su ideología en el desarrollo legislativo sin caer en la cuenta, en ocasiones, del necesario respeto al marco legal.

Entre las claves que explican los revolcones que el Jurídic le ha dado al Consell, el de uno de los nuevos consejeros, Faustino de Urquía, tiene una singularidad destacada. Este jurista, cuya propuesta para el cargo se atribuye a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se ha posicionado hasta en tres ocasiones con el criterio de los dos miembros del Jurídic propuestos por el PP, Díez y Fliquete, dando luz a informes críticos con los contenidos de las propuestas del Gobierno valenciano. El de usos del valenciano, elaborado por el departamento que dirige Vicent Marzà para dar preferencia al valenciano en el trato de la Administración con la ciudadanía y obliga a los altos cargos a usarla en sus intervenciones , fue el primero que retrató las diferencias de criterio de Urquía con lo que el Botánico 'esperaba' de sus nombres propuestos para el Jurídic.

En ese dictamen se formulaban toda una serie de observaciones esenciales -hasta siete- al contenido del decreto. Advertencias que se unían a una con carácter general en la que se advertía a Educación de que no podía «desequilibrar» la paridad en la posición de las dos lenguas oficiales de la Comunitat, valenciano y castellano. «No serían aceptables», remarca, los preceptos «que atribuyan una posición de prevalencia o preferencia del valenciano sobre el castellano».

Urquía también se ha situado junto a los consejeros propuestos por el PP en dos debates que han tenido a las Diputaciones Provinciales como protagonistas. El primero de ellos fue el anteproyecto de ley de Mancomunidades. En el texto de dictamen, el Jurídic afeaba al Ejecutivo de Ximo Puig que tratara de engordar las competencias de estos organismos al incorporar la prestación de una serie de servicios -agrupados bajo la fórmula de 'áreas'- que, podía acabar invadiendo el ámbito competencial de las Diputaciones.

El consejero alicantino ha vuelto a situarse junto a Díez y Fliquete al cuestionar el intento del Consell de forzar a las Diputaciones a financiar la Renta Valenciana de Inclusión. El órgano consultivo afea que se plantee que los programas realizados por los servicios sociales municipales serán financiación por la Conselleria competente en materia de inclusión y/o las Diputaciones.

Que el Jurídic haya salvaguardado el ámbito competencial y presupuestario de las Diputaciones provinciales choca con un Consell, el del Botánico, que tiene como uno de sus objetivos a medio plazo el de poder suprimir unas instituciones en las que no cree. De hecho, el principal frente político que mantiene abierto el Gobierno valenciano, la bronca por el decreto de plurilingüismo suspendido de forma cautelar por el TSJ valenciano, tiene su origen en un recurso presentado por la Diputación de Alicante que preside César Sánchez.

La desconfianza del Consell hacia el Jurídic se ha traducido en una significativa reducción de la producción legislativa. Un somero repaso a los dictámenes que el órgano consultivo publica en su web demuestra la escasez de proyectos de ley y los numerosos informes sobre concesión de subvenciones. Esquivar al Jurídic tantas veces como se ha podido ha provocado que leyes como la de creación de la Agencia Antifraude no fuera informada por este organismo. O que la de modificación de la que regula la elección de senadores territoriales tampoco fuera informada por el Jurídic. ¿Cómo? La iniciativa legal arranca de Les Corts, en lugar del Consell, y de esa manera se evita el 'examen' de la institución consultiva.

La renovación del Jurídic, con la incorporación de Margarita Soler y Asunción Ventura, ha provocado además un cambio que no es menor en los dictámenes que se emiten. El órgano consultivo hace ahora bandera de la defensa y el avance en las políticas de género. Y esa circunstancia, a un Gobierno como el del Botánico -que presume precisamente de poner en valor ese criterio- resulta aún más llamativo. En numerosos dictámenes, el Jurídic ha incorporado severas reprimendas a las consellerias por no avanzar en políticas de igualdad de género y ha defendido medidas de discriminación positiva en el reparto de subvenciones.

Quizá el Consell pensaba en octubre de 2016 que mover ficha en el Jurídic le garantizaría cierto horizonte de tranquilidad respecto de sus iniciativas legales. Nueve meses después ya sabe que el resultado no ha sido ese.

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