El Consell incrementa un 1% los salarios de los trabajadores de la Generalitat Valenciana y el sector público

Complejo administrativo 9 d'Octubre de Valencia / Damián Torres

La medida se adopta una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado

REDACCIÓN

El pleno del Consell ha aprobado la actualización de las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat y del sector público valenciano, que se incrementan un 1% en este ejercicio.

La Generalitat ha adoptado el acuerdo apenas tres días después de que el Gobierno haya aprobado la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido hay que recordar que la Ley 14/2016, de 31 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2017 establece en su disposición transitoria tercera que las previsiones contenidas relativas al régimen y condiciones retributivas del personal al servicio de la Generalitat y su sector público se adecuarán a las normas que se incluyan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

El Consell considera prioritaria la labor desarrollada por el personal al servicio de la Administración valenciana, dentro de su apuesta por un servicio público de la máxima calidad, por lo que resulta conveniente que las empleadas y los empleados públicos puedan disponer de la actualización salarial que les corresponde para este ejercicio, como viene dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Generalitat.

De hecho, el presupuesto de gasto de la Generalitat para el ejercicio 2017 ya contemplaba, dentro del apartado de Gastos diversos, la dotación de crédito necesaria para aplicar este incremento retributivo del 1%, por lo que existe crédito necesario para hacer frente a estas necesidades, que ya se dotaron expresamente para esta finalidad.

Publicación de las nuevas tablas retributivas

El pleno del Consell ha aprobado también la publicación de las nuevas tablas retributivas para el personal al servicio de la Generalitat y de su sector público, una vez aplicado el incremento salarial del 1%, con efectos desde el 1 de enero de 2017.

La medida supone un importe conjunto de 66,7 millones de euros entre el personal de la Administración e instituciones estatutarias, el sector público, universidades y personal de centros concertados.

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