El Consell de Fabra declarará ante el Tribunal de Cuentas por la Fórmula 1

Un pleno del Consell de Alberto Fabra. /  EFE/Domenech Castelló
Un pleno del Consell de Alberto Fabra. / EFE/Domenech Castelló

La Generalitat Valenciana reclama 24 millones de euros por la compra de Valmor a ex altos cargos del Gobierno del Partido Popular

A. RALLO VALENCIA.

El Tribunal de Cuentas celebró el pasado día 5 una vista previa al proceso en el que se dirimirá si existe responsabilidad contable por parte de los altos cargos de la Generalitat que autorizaron la compra de Valmor -la empresa que organizó la F-1 en Valencia- por un euro y con la condición de asumir toda la deuda de la mercantil, más de 20 millones de euros.

El Consell reclama el pago de 24 millones a Dolores Johnson, como presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2011 a 2012; a José Miguel Escrig, Julio García y Blanca Tomás, directivos de dicha empresa; y a Luis Lobón, por ser quien suscribió el contrato de adquisición de Valmor. Subsidiariamente, la Generalitat reclama 14,6 millones a estas mismas personas y a la exconsellera Trinidad Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos no pagados por Valmor Sports a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010.

Durante la vista, la defensa de Escrig solicitó la comparecencia de todo el Consell de Alberto Fabra. El Tribunal de Cuentas aceptó la petición, según las fuentes consultadas. Entre los futuros comparecientes, destaca, aparte del presidente, la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que era consellera de Infraestructuras al igual que el vicepresidente José Císcar. Esta última comparecencia también fue reclamada por la Abogacía de la Generalitat.

Todavía no hay fecha para la vista a la que serán llamados los exconsellers del Ejecutivo valenciano

El Tribunal de Cuentas es un procedimiento al margen del penal que únicamente trata de la responsabilidad contable por seguir un procedimiento alejado de la normativa. En este caso, el proceso ha sido impulsado por la Abogacía de la Generalitat pese a que en su día el propio Tribunal de Cuentas descartó que se pudiera abrir un procedimiento por alcance contable. Pero la Fiscalía y la Generalitat persistieron para mantener abierta esta vía.

El informe provisional de la interventora confirmaba la existencia de un daño económico por la gestión de la F-1, pero planteaba problemas para exigir la recuperación del dinero, es decir, iniciar un procedimiento de alcance. Por ejemplo, en el caso de la adquisición de Valmor -supuestamente el mayor quebranto- las consecuencias económicas derivan de un acuerdo del Consell «que pone fin a la vía administrativa y cuya discusión sobre su nulidad y su inexistencia debían haberse ventilado en la jurisdicción contenciosa administrativa», tal y como en su día informó LAS PROVINCIAS. Y esto último no se hizo.

Llama la atención que en el Tribunal de Cuentas se exijan estas elevadas cantidades a responsables que ni siquiera están investigados en la vía Penal. De hecho, en el juzgado de Instrucción 2 de Valencia, de momento, sólo figuran como investigados el expresidente Francisco Camps, el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' y la exconsellera Lola Johnson. Los exdirectivos de Circuito Motor, sin embargo, no están imputados.

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