El Consell desvía 8,5 millones de la construcción de colegios al Circuit

La vicepresidenta Mónica Oltra, flanqueada por los consellers Climent y Marzà. / Efe/Kai Försterling
La vicepresidenta Mónica Oltra, flanqueada por los consellers Climent y Marzà. / Efe/Kai Försterling

El acuerdo, con fecha del 27 de noviembre, quita los fondos de Enseñanza Primaria para ampliar capital de la empresa pública

J. C. Ferriol
J. C. FERRIOLValencia

La Ley de Sociedades de Capital aprobada en julio de 2010 establece en su artículo 363 como causa de disolución de toda sociedad de capital las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. Esta circunstancia obliga en no pocas ocasiones a aprobar operaciones de ampliación de capital, que impidan que la sociedad incurra en ese supuesto.

Con las empresas públicas ocurre exactamente eso. El agujero en las cuentas de las firmas públicas ha obligado al cierre de muchas de ellas, cuando no a ampliar su capital para no incurrir en ese supuesto de disolución. Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A. es una de ellas. La firma que se encuentra bajo el foco judicial por el proceso de compra de Valmor arrastra también una delicada situación financiera.

A finales del pasado año, el 27 de noviembre, el Gobierno valenciano dio luz verde a un acuerdo para propiciar una ampliación de capital de esta empresa pública. En total, 8,5 millones de euros para evitar que las pérdidas redujeran el patrimonio neto a una cantidad inferior al capital social.

La ampliación de capital se hace para evitar el supuesto de disolución de la empresa pública

El acuerdo del Gobierno valenciano no tendría mayor trascendencia -un acuerdo más para evitar la situación de quiebra de una empresa pública- si no fuera por una circunstancia llamativa que figura en la propia resolución del Consell. El acuerdo por el que se autoriza la transferencia de créditos señala que se hace un traspaso económico desde el capítulo VI del programa 422.20 hasta el correspondiente del Circuito del Motor.

¿Y ese programa cuál es? Pues ni más ni menos que el de Enseñanza Primaria de la conselleria de Educación. Dicho de otro modo, el Consell del Botànic recortó 8,5 millones de euros del capítulo de inversiones en Enseñanza Primaria, para destinarlos al capítulo VIII -activos financieros- del programa 457.10, Fomento de la actividad deportiva.

El acuerdo del Gobierno valenciano -que lleva la certificación de la consellera secretaria, Mónica Oltra- concreta la fecha del acuerdo, a menos de un mes para la aprobación del presupuesto de 2018 así como que su destino es la «adquisición y participación en capital Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA».

La trascendencia del acuerdo adoptado por el Gobierno que encabezan Ximo Puig y Mónica Oltra no es tanto la decisión de ampliar el capital de una empresa pública, como la de la elección de la partida de la que se resta ese dinero. El capítulo de inversiones del programa de Enseñanza Primaria implica detraer fondos que inicialmente aparecían destinados para mejorar las condiciones o los materiales de centros de educación.

La cartera que dirige Vicent Marzà constituye, junto con Sanidad y con la cartera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la propia Oltra, uno de los pilares fundamentales de lo que se conoce como la política social del Consell. Restar dinero de inversiones en colegios de primaria para situarlo en una ampliación de capital de una empresa pública quiebra ese discurso social y de 'rescate de personas' del que el Consell del Botànic ha venido haciendo bandera.

Cierto es que el traspaso de fondos aprobado por el Gobierno valenciano guarda cierta lógica en tanto que la conselleria de Marzà es la competente en materia de Educación, Cultura y Deporte. Pero ese argumento resiste mal el hecho de que el dinero que se resta iba dirigido a los colegios -y estando próximo el cierre del ejercicio aún no se había utilizado- y que su destino no es más que un parche puntual ante una situación financiera de quiebra.

El traspaso de fondos desde la conselleria de Educación se une a los escasos niveles de ejecución presupuestaria del departamento que dirige Marzà. El programa de Enseñanza Primaria contaba con un presupuesto inicial en 2017 de 1.623 millones de euros, de los que 75,8 millones estaban en su capítulo VI, el de las inversiones. De esa cifra, el conseller renunció a ejecutar 46,8 millones y tenía pendientes de pago a 31 de diciembre otros 2 millones. Es decir, de los 75,8 iniciales sólo había pagado 26,9 millones.

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