El Consell alega que no puede actuar sin una sentencia

Transparencia admite su impotencia frente a las empresas confesas y replica que dificultará la corrupción futura

B. F. VALENCIA.

¿Es justo que unos empresarios confesos de haber participado en prácticas moralmente reprobables y en proceso de ser judicialmente condenadas puedan seguir participando en concursos públicos? Desde el Consell admiten que no, pero que sin una sentencia que les inhabilite expresamente para participar en adjudicaciones, el Gobierno valenciano está con las manos legalmente atadas. A pesar de que el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, lleva meses asegurando que al Ejecutivo no se le olvidará lo que ha ocurrido, ese recuerdo no resta puntos en los concursos públicos.

«Muchos de ellos además de conseguir contratas, conseguían reconocimiento social, se consideraba que hacían posible la prosperidad. Ahora les conocemos y no hemos de permitir que gocen de estas otras ventajas: solo aquello a lo que tengan derecho según las normas vigentes.... y algunas deberían cambiar», señalan fuentes de la Conselleria de Transparencia.

Por todo ello, desde el departamento de Alcaraz se asegura que «estamos haciendo es crear los instrumentos para q no vuelvan a pasar estos casos de corrupción».

En este sentido, se pretende promover la elaboración de normas éticas y de conducta para los contratistas de la Generalitat. A tal efecto, en el Proyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social se prevé la elaboración de pliegos y guías para ello. Además, con el Anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto se pretende extender la inclusión de principios éticos y reglas de conducta en los pliegos de cláusulas contractuales y en las bases de convocatoria de subvenciones de las administraciones públicas.

«En las próximas semanas el Consell aprobará el Proyecto de Ley y su remisión a Les Corts. Con el proyecto se establecen mecanismos para garantizar la transparencia en las relaciones entre los cargos públicos y los grupos de interés. Se crea un registro de carácter obligatorio, un código de conducta para los lobbies, se regula la huella normativa, se prevén procesos de negociación previa de normas y se contempla un régimen sancionador por el incumplimiento de las obligaciones, que incluirá sanciones para lobbies y para altos cargos», señalan desde Transparencia, que también destaca las cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y la elaboración de un proyecto de ley que, entre otras cosas, amplíe las obligaciones de publicidad.

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