El conflicto bajo la lupa del Vaticano

Sáez de Santamaria saluda en Roma al secretario de Estado de la Snata Sede, Pietro Parolin. / efe

La reactivación del compromiso nacionalista del clero más radical empujó a Rajoy a buscar la protección de la Iglesia

PEDRO ONTOSOBILBAO.

«Lo que están buscando es un mártir». La frase, pronunciada por un obispo español hace tres semanas en privado, refleja el grado de angustia con el que ha vivido la Iglesia española el proceso de secesión de Cataluña durante el mes de septiembre. Una franja del calendario icónica para el catalanismo -al celebrarse la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe de Borbón-, que se ha transformado en nacionalismo y reivindica los mártires de 1714. El pasado domingo hubo algunos 'mártires'.

Han sido cuatro semanas de vértigo. Los obispos catalanes se pronunciaron el 11 de mayo ante el verano que se avecinaba. Después de horas de debate consensuaron con gran esfuerzo una nota en la que pedían diálogo y respeto para los derechos de Cataluña. La consigna del Vaticano es que sólo hablaran ellos y con una sola voz. Xabier Novell, el obispo de Solsona, se resistió, pero firmó el documento. El 8 de septiembre se quitó la espina, apoyando la consulta y situándose junto a la Generalitat, ajeno a la evidencia de que es la izquierda extremista la que lidera el 'procés'.

Lo que se trasladó a la opinión pública es que la Iglesia catalana se volcaba con el Govern y bendecía el contrapoder que se había gestado, que ya había entrado en una fase de descontrol. Mariano Rajoy buscó un 'airbag' para amortiguar el choque que se avecinaba. Protestó ante el Vaticano y presionó para que la Santa Sede desautorizara a la Iglesia soberanista y defendiera el Estado de Derecho. Pero lo hizo de una manera precipitada.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de la interlocución con Roma para las relaciones Iglesia-Estado, podría haber descolgado el teléfono y llamar a Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano (el 'número dos'), con el que ya ha contactado en distintas ocasiones. Sin embargo, optaron por la fórmula del embajador, Gerardo Bugallo Ottone, que aún no había presentado sus cartas credenciales y requirió movimientos como usuales.

A continuación, el nuncio (embajador) de la Santa Sede en Madrid ya se había movido por indicación del Vaticano. Monseñor Renzo Fratini convocó a cenar a los cardenales españoles en activo. Se celebraba la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, una cita establecida con casi un año de antelación, pero que, paradojas del calendario, coincidió con la crisis catalana. Los prelados españoles se vieron arrastrados a pronunciarse. A la cita, en la que el nuncio les dio instrucciones para su posición, asistieron Ricardo Blázquez, Juan José Omella y Carlos Osoro, pero no lo hizo Antonio Cañizares, muñidor de la doctrina que sacraliza la unidad de España como «un bien moral».

Este concepto estuvo sobre la mesa de la Permanente, porque lo sacó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que luego calificaría la nota como «quintaesenciada y neutral». Lo cierto es que en la reunión, en la que participaban tres prelados catalanes, hubo mucho debate. Y todos tuvieron que ceder para que fuera aprobada por unanimidad. De lo contrario, no habría habido comunicado. El texto recogía que la solución «pasa por un diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes y los derechos propios de los pueblos».

La nota sólo gustó en Cataluña y provocó el enfado del Gobierno, que esperaba una adhesión inquebrantable, pero la celebración, el pasado martes, del día de los Ángeles Custodios (patrón de la Policía), propició una cascada de declaraciones episcopales en favor de la unidad y contra el independentismo. El pasado lunes, el embajador español presentó, por fin, sus cartas credenciales al Papa Francisco. La cuestión de Cataluña, que siempre ha estado bajo la lupa de Roma, destacó sobre la mesa en el Palacio Apostólico. El Vaticano invocó la Doctrina Social de la Iglesia y el Derecho Internacional para rechazar el movimiento de secesión al margen de la legalidad. El Gobierno respiró más tranquilo.

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