La 'conexión Rocafort' en Imelsa

Rodríguez, en una reunión del consejo de Divalterra. / juan j. monzó
Rodríguez, en una reunión del consejo de Divalterra. / juan j. monzó

Cuerda elaboró el informe jurídico que permitió sostener la designación de Jiménez como responsable de área de Divalterra El secretario del consejo compartió consistorio con el nuevo alto directivo de la firma

F. M. VALENCIA.

Divalterra, la denominación de la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, vive situada de nuevo en el centro de la polémica. La aprobación el pasado 19 de febrero de dos contratos de alta dirección -sin concurso público- para dos cargos del PSPV, el alcalde de Rocafort Víctor Jiménez y el secretario socialista de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando, salió adelante gracias al informe jurídico del secretario del consejo, Jorge Cuerda, que permitió que los representantes de Compromís dieran luz verde a los nombramientos.

Pese al acuerdo, la revelación de unos informes jurídicos que advertían de la imposibilidad de que esas designaciones pudieran llevarse a cabo han situado a Jorge Rodríguez, y al propio Cuerda -que también es letrado del presidente de la Diputación-, en una posición incómoda.

Cuerda es el autor del informe jurídico que resolvió, a favor de la Diputación, las dudas legales sobre si una empresa pública podía tener contratos de alta dirección. A pesar de la existencia de otros dictámenes que sostenían lo contrario, e incluso de uno del propio Cuerda que también lo cuestionaba, el consejo sacó adelante los nombramientos de Jiménez y Ferrando. Apenas cuatro días después, y a la vista de la polémica que se intuía, Ferrando presentó su renuncia.

De manera que el único agraciado es el alcalde Rocafort. Jiménez es desde el día 19 director del área de estudios y planificación estratégica de Divalterra, con un sueldo de 55.762,74 euros.

Pero el autor del informe jurídico que lo permitió no es un desconocido para él. Jorge Cuerda fue secretario del Ayuntamiento de Rocafort con el propio Jiménez como alcalde. Algunos documentos de ese consistorio les sitúan a ambos con esas responsabilidades en este consistorio. En la propia web del Ayuntamiento de Rocafort aparece la firma de ambos en la convocatoria del pleno de 24 de noviembre de 2016 y en el decreto de alcaldía que sienta las bases para un concurso de tarjetas navideñas.

Es decir, el autor del informe que permitió a Rodríguez situar a Víctor Jiménez como director de área de Divalterra trabajó como secretario del Ayuntamiento de Rocafort, del que Jiménez es alcalde. Una conexión que, según fuentes cercanas a la empresa de la Diputación de Valencia, no es anecdótica, y que prueba las complicidades que el presidente de la institución provincia, viene tejiendo desde Imelsa.

La polémica que envuelve este nombramiento ha levantado en armas a los representantes del PP y Cs en el consejo de administración de Divalterra, además de disparar la inquietud en Compromís, socio de Gobierno de Rodríguez en la Diputación. Una petición de documentación por parte de los populares y de la formación naranja terminó revelando la existencia de hasta doce informes jurídicos elaborados desde 2015 en relación con la capacidad de la nueva Imelsa para hacer contratos de alta dirección, así como que muchos de ellos consideraban irregulares esos nombramientos.

Otro dictamen, bautizado ya como el 'informe número 13', que elaboró el propio Cuerda dos días antes del que sí avaló los contratos de directivos, venía a subrayar los reparos con los que podía tropezar la empresa pública para llevar a cabo su propósito.

La difusión de este nuevo informe -que fuentes de la institución provincial rebajan a la categoría de 'borrador'- provocó la contundente reacción de los grupos de la oposición. La portavoz del PP, Mari Carmen Contelles, acusó a Rodríguez de «ocultar deliberadamente el informe del letrado de la Diputación que cuestiona los contratos de alta dirección de Divalterra». «Divalterra es el chiringuito de Rodríguez para colocar a sus afines con el dinero de todos los valencianos y no duda en utilizar cualquier artimaña para ocultar información contraria a sus intereses», consideró.

La portavoz de Cs Mamen Peris subrayó que «el presidente sigue sin convocar el consejo de administración urgente y extraordinario como pidió Cs para que explique todas las supuestas irregularidades que se están publicando respecto a unas contrataciones que le suponen mucho dinero a las arcas públicas».

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