Una condena que arruina las expectativas de los populares

JC. F. M. VALENCIA.

Todo aquel poder orgánico del PP valenciano en los años 2007 y 2008, todos aquellos triunfos electorales arrolladores, aquellas imágenes de la plaza de toros de Valencia a reventar en los actos centrales de campaña, son los que ahora se ven señalados por la Justicia. Y son los que agrietan el intento de la actual dirección del PP valenciano por marcar distancias con aquellos comportamientos. Isabel Bonig insistió ayer en que el PP ha asumido «responsabilidades políticas» y subrayó que este fallo demuestra que «el que la hace, la paga». La sombra de esa condena salpica a aquella cúpula de los populares, pero también a buena parte de los logros políticos y a la capacidad de influencia mostrada entonces. La sentencia sobre la financiación irregular del PPCV, conocida apenas unas semanas después de que el PP resultara condenado por la caja B, servirá además de nexo de unión para el resto de grupos políticos -en la misma línea que sucedió con el respaldo a la moción de censura de Pedro Sánchez-. Los populares de la Comunitat pueden verse obligados, lo que les queda de legislatura, a estar a la defensiva -como si de sus propia moción de censura se tratase-. La sombra de la condena por la financiación irregular salpica a los dirigentes que ocuparon los principales puestos de la dirección del partido en aquella época, incluso aunque no se hayan visto señalados por la condena. No obstante, para el PPCV se abre también una oportunidad para romper de una vez por todas con aquellos cargos con cuentas judiciales pendientes. La incógnita consiste en saber si entre ellos estarían también los nueve concejales investigados por Taula.

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