La Comisión Europea afirma que los incidentes del 9 d'Octubre son competencia del Gobierno

REDACCIÓN

La Comisión Europea ha dejado en manos de las autoridades nacionales de España «investigar, procesar y juzgar, con arreglo a la legislación nacional aplicable» los incidentes que se produjeron en los momentos previos a la manifestación vespertina del 9 d'Octubre.

Así contesta a una pregunta del diputado de Equo Florent Marcellesi, un político y activista francés residente en España.

Marcellesi señala en su pregunta que tanto durante la Procesión Cívica con la que se conmemora el Día de la Comunitat Valenciana, el 9 d'Octubre, que por la mañana recorrió las calles del centro de Valencia, como en la manifestación de la tarde «en defensa del valenciano» -el lema era ese pero a la protesta se incorporaron partidos y organizaciones catalanistas- « un importante número de personas que participaban en estos actos resultaron heridas tras ser agredidas por grupos de la extrema derecha valenciana armados con palos y barras de hierro». El eurodiputado habla de «inacción de la Delegación del Gobierno» como «la causante» de las agresiones «por parte de estos grupos de ideología nazi, concentrados de forma ilegal durante la marcha vespertina»- Y recuerda que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y el derecho constitucional de manifestación.

El eurodiputado francés pregunta si la Comisión es consciente de las violaciones de los derechos de los manifestantes y si conoce «si grupos ultras procedentes de diferentes países de Europa participaron en esta auténtica cacería», entre otras.

La comisaria Jourová contesta en nombre de la Comisión que es competencia del Gobierno «investigar, procesar y juzgar, con arreglo a la legislación nacional aplicable, los casos concretos de presunta incitación al odio y de delitos motivados por el odio, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales tal como se establece en sus constituciones nacionales y de acuerdo con las obligaciones legales internacionales.» Además, señala que la Comisión no puede sustituir a las autoridades nacionales ni a los órganos jurisdiccionales competentes.

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