El PP rechaza que los tránsfugas de Cs reciban dinero sin fiscalización previa

Los cuatro diputados no adscritos que provienen de Ciudadanos. / irene marsilla
Los cuatro diputados no adscritos que provienen de Ciudadanos. / irene marsilla

Los populares piden que los interventores de Les Corts avalen la legalidad de que los exCiudadanos sean tratados como grupo parlamentario

BURGUERA VALENCIA.

El PP no tiene intención ninguna de facilitar el 'entente cordiale' que el tripartito ha establecido con los tránsfugas de Ciudadanos, a pesar de que incluso el propio grupo parlamentario de Cs ha evitado la beligerancia. Los populares, sin embargo, van al choque. El pasado martes se planteó ante la Mesa de Les Corts que se consulte a los interventores de la Cámara antes de aprobar que los exdiputados de Ciudadanos puedan disponer de la subvención pública como si fueran un grupo propio, con una fiscalización posterior al gasto.

Hasta ahora, los cuatro diputados debían presentar las facturas y el parlamento valenciano las pagaba. Cada uno de los cuatro diputados cuenta con una asignación de 1.400 euros que deben justificar con las facturas de los gastos, ante lo cual Les Corts abona la cantidad invertida por los parlamentarios no adscritos. Sin embargo, han solicitado cambiar el orden de ese procedimiento, con el fin de que la fiscalización de los gastos sea posterior. Se trata de pasar a una situación similar a la de los grupos parlamentarios, según fuentes del PP, que consideran que acceder a esa pretensión supondría un precedente peligroso.

Los cuatro diputados no adscritos no han logrado la condición legal de ser considerados un grupo, aunque gracias al acuerdo entre el tripartito y Cs, alcanzado hace una semana, gozarían de ese estatus 'de facto', a través de los hechos, frente a lo cual, al plantearse ante la Mesa de Les Corts, el PP ha planteado sus dudas de que la nueva consideración sea legal, según fuentes conocedoras de las deliberaciones de la Mesa, ante lo cual se ha acordado consultar con los interventores del parlamento valenciano.

El anuncio de que el tripartito y Ciudadanos aceptaban buena parte de las reivindicaciones de los tránsfugas se produjo hace diez días, tras la junta de portavoces. Ese mismo día, una hora antes de la reunión de los síndicos, uno de los cuatro exCs cursó por el Registro de la Cámara su petición de que su asignación de 1.400 euros no estuviera sujeta a intervención previa.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, afirmó que tras el acuerdo del resto de síndicos se sabía «qué es lo que valen los votos de los cuatro ex de Ciudadanos, que había que premiar» al haber impedido que se devolviera al Consell la ley de acompañamiento: «Hemos visto el pago del Gobierno valenciano a los cuatro tránsfugas». Bonig consideró que, «por la vía del hecho y no del derecho», se facilitaba que los diputados actuasen como agrupación, con el «trilerismo característico» de su homólogo socialista, Manolo Mata, a quien advirtió de que «la situación que crea no es buena, la haga quien la haga. No abramos puertas que luego nos puedan complicar mucho la actividad». Bonig lamentó sobre todo que se tratara de equiparar a «los tránsfugas» a los portavoces parlamentarios. La incomprensión entre el PP y los exCs se comprobó al día siguiente, con una monumental bronca entre las bancadas, tensión que se traslada ahora al ámbito de la legalidad de las prerrogativas a las que han accedido.

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