Castedo, Alperi y Ortiz, de nuevo al borde del banquillo

El juez finaliza la instrucción de la causa por el Plan General y lo remite a la Audiencia para que ponga fecha a la apertura de juicio oral

E. P.

alicante. El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha dado por finalizada la instrucción de la causa por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), una de las ramas de caso Brugal, y ha trasladado todas las actuaciones realizadas a la Audiencia Provincial para que se señale la fecha del juicio oral, que podría dilatarse hasta un año. En la causa vienen siendo investigados los exalcaldes 'populares' de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como el empresario de la construcción Enrique Ortiz.

En una diligencia firmada ayer, el magistrado Manrique Tejada da por finalizada la instrucción y da traslado a la Audiencia para fijar fecha de inicio de juicio, tres meses y medio después de que el 23 de febrero de 2018 dictara auto de apertura de juicio oral. El magistrado atribuye a los exalcaldes los delitos de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. Además, para Castedo añadía el de prevaricación. Enrique Ortiz tendrá que responder por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El ministerio público y la acusación popular piden para los dos exalcaldes 10 años de prisión y para el empresario, la Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años de prisión y la acusación particular 13 años.

El magistrado desestimó el recurso de queja interpuesto por la acusación popular, ejercida por EUPV, que va a impedir, de momento, acusar a Ortiz del delito de aprovechamiento de información privilegiada. Queda pendiente una queja interpuesta por Fiscalía y que podría suponer, sin embargo, la vuelta de la causa al Juzgado para su incorporación.

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