Gürtel castiga al PP de Bonig

Rambla y Costa, en Les Corts. /LP
Rambla y Costa, en Les Corts. / LP

La Audiencia Nacional juzga desde mañana a Rambla y Costa con las confesiones previas de Correa y los empresarios. El juicio vuelve a vincular la marca de los populares con la corrupción

A. RALLO

Mañana comienza en la Audiencia Nacional otro de los procesos judiciales que sitúan el foco de la corrupción en el seno del PP. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los populares valencianos se financiaron de forma ilegal para costear las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Los populares arrasaron en los comicios regionales y en la cita nacional. Cinco dirigentes del PP, hoy apartados de cualquier responsabilidad política, se sentarán en el banquillo. Se trata del exsecretario general del PP Ricardo Costa y del exvicepresidente del Consell y portavoz del Gobierno, Vicente Rambla. Les acompañarán los exdiputados David Serra -también investigado en la pieza principal de Imelsa- y Yolanda García. Completa el quinteto la que fuera gerente del PP Cristina Ibáñez.

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El proceso, independientemente de su desenlace final, supondrá otra convulsión para el PP de Isabel Bonig. De nuevo, las siglas de la formación se verán vinculadas con la corrupción, un estigma que resulta complicado de eliminar si cada año el partido afronta situaciones de esta naturaleza. Los esfuerzos de los dirigentes por pedir perdón carecen de resultados prácticos ante el avance de las causas judiciales. Además, se trata de asuntos en los que el grueso de la trama afecta directamente a la organización. No se puede alegar actos particulares de dirigentes o de miembros del Consell. Se juzga la financiación y si no respetó las reglas de juego en democracia.

El PP había instaurado un sistema de pago al margen de los cauces legales, según recogen las acusaciones. Cualquier gasto realizado dentro de la campaña electoral debe ser abonado desde la cuenta electoral del partido, que se encuentra controlada por el Tribunal de Cuentas. Los partidos disponen de una cantidad por ley de acuerdo a diferentes parámetros, entre ellos, el resultado de los últimos comicios. Con el objetivo de poder hacer más eventos se urdió un mecanismo ilegal que contaba con la participación de determinadas empresas, todas beneficiarias de contratos con la Administración valenciana. De tal forma que el PP, según Anticorrupción, gastó más de 1,1 millones de euros en promocionar a sus líderes en la Comunitat. En realidad, el contrato que tenían firmado con Orange Market, una filial del entramado de Francisco Correa, era de 175.000 euros. La diferencia fue abonada en parte por las adjudicatarias de la Generalitat a través de facturas por servicios ficticios. Tanto Ricardo Costa como Vicente Rambla fueron coordinadores generales de las campañas del PP. Cristina Ibáñez, por su parte, se encargó de la administración de la candidatura.

Correa admite que hubo una caja B del PP y los empresarios asumen que pagaron la campaña

Existen unas circunstancias especiales que rodean este juicio. Por un lado, las confesiones de los empresarios y del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Los industriales admitieron su participación en la trama y el pago de parte de la campaña electoral. Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá fueron los tres primeros en aceptar los hechos. Más tarde siguieron el mismo camino Enrique Gimeno Escrig, Antonio Pons, Gabriel Alberto Batalla, Vicente Cotino -sobrino del exdirigente popular Juan Cotino- Rafael Martínez Berna y Tomás Martínez Berna. Las condiciones fueron ventajosas para todos ellos ya que serán condenados a penas inferiores a dos años de prisión. No entrarán en la cárcel.

No sólo los empresarios han abandonado su estrategia de defensa. Francisco Correa, que sigue en prisión tras la condena por Fitur -el TSJ rechazó que aguardara en libertad la resolución del Supremo- ya ha manifestado su intención de pactar con la Fiscalía en todas las piezas y se ha comprometido al pago de la responsabilidad civil. El juez autorizó hace unos meses el desbloqueo de más de dos millones que el empresario acumula en Suiza para hacer frente a estas responsabilidades.

El escrito de confesión, pese a su brevedad, no puede ser más dañino para la imagen del Partido Popular. Admite toda la operativa delictiva y la existencia de una caja B en el propio PP de Valencia con la que abonaban parte de los actos electorales. Correa busca una reducción de su pena con esta estrategia. Admite hechos, pero no delitos. Todo está pendiente de la respuesta del Supremo al recurso contra la sentencia de Fitur. Su representación letrada, dirigida por el penalista Juan Carlos Navarro, confía en que el alto tribunal rebaje la condena y que con la acumulación, el líder de Gürtel no pase en prisión más del triple de la pena del delito más grave.

La inquietud en el PP no se termina con este proceso. En los próximos meses puede detonarse otra bomba de relojería que hoy duerme en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia. De nuevo, el PP. Una vez más, la financiación. El procesamiento de los concejales de Valencia y otros 40 simpatizantes por blanquear dinero amenaza la estabilidad de la formación en la capital.

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