La Carta Magna del Consell

Manuel Alcaraz. / efe
Manuel Alcaraz. / efe

El borrador incide en el federalismo, la revisión de la financiación, la compensación de la deuda o la mejora del sistema electoral Compromís y PSPV presentan sus propuestas de reforma de la Constitución

A. G. R. VALENCIA.

La Generalitat pretende ejercer un papel activo en una hipotética, aunque cada vez más probable, reforma de la Constitución. El Consell, de la mano del constitucionalista Manuel Alcaraz, ha elaborado una hoja de ruta con las principales propuestas que plantearían si finalmente se abre el melón de reformular la Carta Magna. El documento, de 20 páginas, agrupa las ideas bajo diferentes epígrafes, que responden a los ejes del Pacto del Botánico.

Crecer en valores

Es quizá el aspecto con menos concreción en las iniciativas. Se trata de que el documento recoja alguno de los «compromisos globales» con determinadas cuestiones. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, contra la violencia de género, la reclamación de más transparencia, que se exprese un mayor deseo de integración en la Unión Europea y combatir la corrupción. Añade los nuevos valores constitucionales: paridad, sostenibilidad y hospitalidad.

Una de las propuestas es el voto para menores de 16 años y regular el sufragio de los inmigrantes

Derechos para rescatar personas

Otra de las claves en las modificaciones de la Constitución sería la ampliación de derechos. Como dos de los puntos capitales en este apartado destacan el que puedan votar los menores de 16 años y la idea de que se regulen las condiciones para el derecho al sufragio por parte de los inmigrantes residentes en España. El documento del Consell recoge también una mayor protección del derecho a la intimidad y honor en relación con las nuevas tecnologías, el derecho a una muerte digna y a la asistencia sanitaria universal, entre otras cuestiones.

Hacia una democracia avanzada

El apartado incide en la necesidad de fortalecimiento o reforma de algunas instituciones para revalidar la confianza de los ciudadanos. Por ejemplo, un refuerzo de la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso. Del mismo modo, se propone fijar compromisos de integridad para los cargos públicos -aspectos recogidos en otras normas menores-, y facilitar la posibilidad de convocar referéndums «sin más limitación que la reducción de derechos y materias tributarias, con 300.000 firmas acreditadas. Subraya, además, la conveniencia de dar más autonomía en la elección de los vocales del Poder Judicial.

Hacia el federalismo

El epígrafe con mayor extensión de toda la propuesta valenciana. Se trata de un claro avance hacia el federalismo con la exigencia de delimitar los conceptos de lealtad constitucional y lealtad federal. Esta revisión del modelo debería ir acompañada, sin duda, de un nuevo planteamiento de la financiación autonómica. Una recomendación sería eliminar las referencias a nacionalidades y regiones y que cada Comunitat interprete el concepto de acuerdo a sus circunstancias. El Estado debería definirse como Federal y Plurinacional. Se plantea establecer las competencias del nivel federal del Estado y clarificar las competencias de cada órgano. También reivindicar el papel de los Ayuntamientos y su autonomía. De igual modo, se propone eliminar la suspensión automática de las leyes valencianas que sean recurridas a la Comunitat. Al respecto, sólo en esta legislatura se han producido varios de estos supuestos.

El dosier del Consell se refiere también a las lenguas autonómicas. La necesidad de que se reconozca el pluralismo lingüístico y que se fomente la presencia de ellas en las actuaciones públicas.

La financiación

El borrador del Consell dedica un capítulo aparte al asunto. La deficiente financiación ha generado desigualdades entre ciudadanos, pero también entre las regiones al no poder ejercer de igual modo el autogobierno. Evitar los problemas anteriores será obligación de cualquier estado federal, sostienen. El modelo debe ser suficiente, equitativo y con una mayor previsibilidad del gasto. Se prohibirían determinadas prácticas como el dumping fiscal.

La propuesta recupera una idea del Consell de blindar la prestación de los servicios mínimos y establecer un fondo de reserva para que la calidad de la asistencia no disminuya en épocas de crisis. También sería conveniente, siempre según el borrador del titular de Transparencia, incrementar la participación de los gobiernos autonómicos en la gestión y recaudación de impuestos. El sistema debería actualizarse cada cinco años y que se incluyera un mecanismo para compensar la deuda acumulada por la falta de financiación. Esta última cuestión, por ejemplo, ha sido descartada por el comité de expertos.

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