Dos cargos del PP investigados en Avialsa, imputados ahora por Imelsa

Francisco Huguet, el día que se desarrolló la operación Avialsa./EFE
Francisco Huguet, el día que se desarrolló la operación Avialsa. / EFE

Un juez de Sagunto abre otra pieza por los 2.000 euros que cobraba el exteniente alcalde de Quartell cuando en realidad asesoraba a Francisco Huguet

A. RALLO

Una nueva investigación por corrupción salpica a dos ex cargos del PP implicados en la trama de Avialsa y también al exgerente de Imelsa Marcos Benavent. De nuevo, el asunto de los famosos zombies de la empresa Imelsa –personas que cobraban una nómina sin desempeñar el cometido para el que fueron contratados– ha terminado con la imputación de Francisco Huguet, exalcalde de Quartell, y de su mano derecha en el Consistorio, Emilio Máñez. Ambos eran políticos estrechamente ligados al exsecretario general del PP valenciano, exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. De hecho, todos se encuentran investigados en la macrocausa de corrupción originada a partir del presunto amaño de contratos de extinción a cambio de regalos.

El juez de Sagunto que investiga varias de las piezas separadas del conocido como caso Avialsa ha decidido abrir ahora nuevas diligencias ante los indicios delictivos que el propio Máñez confesó de manera ciertamente sorpresiva durante una declaración en el juzgado. Así, el pasado mes de febrero el investigado reveló que él nunca había trabajado como coordinador de Brigadas en Imelsa –bautizada como Divalterra para enterrar su oscuro pasado– ya que fue requerido por Huguet para que ejerciera como su asesor en la Diputación de Valencia.

La empresa pública, en la información remitida a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), admite que Máñez desde 2003 a 2007 firmó sucesivos contratos con emolumentos de 56.000 euros por una prestación de servicios de la que existen indicios racionales de criminalidad «de que nunca se llegaron a prestar». El excargo público cobraba cerca de 2.000 euros al mes brutos como coordinador de brigadas forestales. Fue despedido en 2007, pero se le reconoció la improcedencia por lo que recibió 11.000 euros de indemnización. Se trataba de una práctica habitual en la empresa pública, tal y como en alguna ocasión ha reconocido el propio Benavent en sus comparecencias ante el juzgado de Instrucción 18 de Valencia. Es allí donde se investiga la causa que destapó las conversaciones grabadas por el exgerente y ahora principal colaborador de Anticorrupción.

El juez de Sagunto considera que, de momento, existen indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos, un delito de falsedad y un delito de prevaricación. De entrada, aparte de Benavent, también figura como imputado Francisco Huguet que era el cargo del PP que tenía de asesor a Máñez.

Los dos investigados en lo que se conoce como trama urbanística de Avialsa declararon el pasado mes de febrero. Se negaron a responder a las cuestiones relacionadas con el último informe de la UDEF en el que se recogía una importante cantidad de dinero sin aparente justificación. Destaca una comunidad de bienes de las mujeres de ambos cargos en las que recibían dinero de Proademi, una de las empresas bajo sospecha. Tampoco dieron explicación a ingresos en efectivo y al origen del dinero utilizado para comprar dos vehículos de lujo.

Ahora, con esta nueva imputación, las problemas aumentan. Parecería lógico que esta nueva pieza terminara acumulándose en el juzgado de Valencia porque la misma mecánica delictiva ya se está investigando en la Ciudad de la Justicia. De hecho, estas pesquisas se encuentran muy avanzadas. Existe cierta incertidumbre de qué ocurrirá finalmente con los diputados provinciales que disfrutaban de asesores pese a que no existe cobertura legal para esta figura. Entre ellos se encuentra la denunciante del caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (EU), y responsables de todos los partidos políticos.

Esto se resolverá con el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que se espera este año. Anticorrupción solicitó hace meses que se acumulara esta causa con la de los trabajadores ficticios de Ciegsa. La Fiscalía pretende que se unifiquen ambas pesquisas para juzgar a todos los zombies en un único procedimiento. La idea es que la colocación de trabajadores ficticios –independientemente del organismo de destino– responde a un mismo modelo, dirigido por Alfonso Rus desde la Diputación de Valencia. El expresidente utilizó su control sobre Benavent para enchufar a personas afines al PP.

Todavía no existe respuesta por parte del titular del juzgado. El instructor ha ralentizado considerablemente sus tiempos de respuesta. Uno de los motivos podría achacarse a la decisión que se adoptó en su día de no renovar el refuerzo con el que contaba el juzgado. El Ministerio de Justicia rectificó tras la polémica generada ante la falta de medios.

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