Camps y otros 7 cargos de su gobierno, investigados por otra causa de la visita del Papa a Valencia

Montaje por la visita del Papa a Valencia en 2006. /Damián Torres
Montaje por la visita del Papa a Valencia en 2006. / Damián Torres

También están citados el presidente de la Fundación y obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero, y el secretario del Arzobispado, Antonio Ramón Corbí

A. Rallo
A. RALLO

El horizonte judicial se oscurece más para el PP. Una nueva causa salpica de lleno la gestión de los gobiernos de Francisco Camps. La visita del Papa, en el verano de 2006, se convierte de nuevo en el centro de una investigación por corrupción. Ahora ya no son los contratos de las pantallas -esa adjudicación para favorecer supuestamente a la trama Gürtel, según Anticorrupción- sino que se trata de otro tipo de adjudicaciones que se realizaron desde la Fundación V Encuentro, el instrumento impulsado por la Generalitat para la organización de aquel evento.

La causa llevaba en el juzgado desde julio de 2016. Sin aparente actividad, pareció reactivarse este mismo mes tras las declaraciones de los principales cabecillas de Gürtel -especialmente Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’- en las que mostraban su predisposición a colaborar con los investigadores en el resto de piezas pendientes. LAS PROVINCIAS adelantó el pasado sábado las comunicaciones a Francisco Camps y al obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero.

El Tribunal Superior de Justicia añadió ayer más datos acerca de esta investigación judicial e informó sobre las nuevas imputaciones. La sospechas abarcan también la actuación del exvicepresidente Víctor Campos; del expresidente de Les Corts, Juan Cotino y el representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez, y la secretaria general, Henar Molinero, persona de confianza de Cotino. Las pesquisas incluyen a dos miembros del patronato: el secretario del Arzobispado, Antonio Ramón Corbí y Enrique Pérez Boada, del Instituto Valenciano de Finanza (IVF). Eran estos últimos los que tenían amplios poderes para la contratación de servicios.

Origen en la Audiencia Nacional

La causa analiza la supuesta comisión de delitos de prevaricación, malversación y falsedad y tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la Fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública.

La reactivación de esta causa parece justificada en el interés de evitar la prescripción de los supuestos delitos. Las actuaciones bajo sospecha se habrían realizado durante 2006, por lo que el plazo ya se habría cumplido. No obstante, la modificación del Código Penal abrió la puerta a un periodo mayor de prescripción para aquellos casos en los que estos delitos revistieran de una especial gravedad.

Una de las claves es que la fundación debió funcionar como un órgano público y se investiga si no lo hizo. Desde su constitución en enero de 2005 hasta finales de febrero de 2006, el patronato no se reunió. Las decisiones se tomaban en un órgano autodenominado ‘grupo de trabajo’. Constan 16 encuentros previos. Cotino aparece como uno de los dirigentes clave en esta extraña organización pese a que era conseller de Agricultura y carecía de competencias en el organismo.

Un informe de la Intervención sobre la fundación recoge las cuantiosas cantidades pagadas para celebrarse el evento (el altar costó 1,5 millones; el alojamiento, 1,7 millones; 3,1 millones para urinarios y más de 22 millones en total) y la ausencia de datos primordiales en las contrataciones, lo que lleva a los interventores a señalar una «ausencia general» del cumplimiento de la legalidad.

Acciona fue la firma responsable del suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de sanitarios por 3,17 millones de euros; Cavaltour obtuvo un contrato por 1,7 millones para alojamiento hotelero; Zenithbrmedia fue la empresa encargada del asesoramiento, la planificación y compra de medios para una campaña publicitaria por 826.651 euros y la empresa pública Vaersa fue contratada por 519.011 euros para suministro de materiales y obras. Algunas de estas empresas, según el sumario del caso, se comprometieron a realizar aportaciones a la fundación a cambio de las contrataciones.

Los especialistas de la Intervención enumeraron hasta ocho salvedades a los gastos generados durante la visita del Papa y tres contratos de licitación sin apenas información por valor de 3,3 millones de euros. Los auditores reflejan sus dudas por la inexistencia de licitaciones millonarias, la falta de «un adecuado control interno», los incumplimientos de las más elementales normas contables en los ajustes presupuestarios, así como por la ausencia del informe inicial de auditoría entre 2005 y 2012.

Igualmente los interventores explican sus dudas respecto a la deuda con Hacienda de varias operaciones con empresas adjudicatarias, denuncian «una evidencia de encadenamiento sucesivo de contratos» menores que propiciaron la imposibilidad de aplicar controles públicos, además de la probabilidad de haberse cometido una ilegalidad por no considerarse a la Fundación una entidad del sector público de la Generalitat. Intervención requirió en su día más información para completar los informes. El organismo terminó bajando la persiana con una deuda de más de un millón de euros.

Ahora, la juez está a la espera de completar diferentes diligencias. Por ejemplo, según informaron fuentes del TSJ, se han requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones para completar la información que a día de hoy consta en la causa. Una vez se obtenga esa información, el siguiente paso será la citación como investigados de todos los nombres anteriores. También, antes de los imputados, la juez pretende convocar a los testigos.

Además, las diligencias han incorporado la causa abierta a raíz de la documentación que se encontró durante el registro de la empresa pública Vaersa. Dos de los gerentes de esta institución, Enrique Simó y Espinosa Bolaños, fueron detenidos por irregularidades en el pago de la productividad, la compra de todoterrenos y la externalización de servicios jurídicos. Alguna de estas investigaciones se han cerrado con condenas de conformidad. Parte de la documentación se derivó en su día a otro juzgado porque los hechos tenían apariencia delictiva. Todo se acumuló en el juzgado de Instrucción número 5. Ambos volverán a ser citados como imputados por si quieren aclarar alguno de los pagos que se efectuaron desde la empresa Vaersa.

Las reacciones se sucedieron ayer al conocer la dimensión del caso. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, indicó que el PP «no tuvo ningún escrúpulo en aprovechar la fe para saquear las arcas públicas». El PSPV, de la mano de Ana Barceló, fue en la misma línea. La responsable señaló que el PPCV «debe explicar de forma urgente por qué se utilizó la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI y se mercantilizó con la fe de los valencianos para ponerla al servicio de intereses espurios».

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