Bravo vacía la dirección general de Justicia para reforzar a su número dos

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. / irene marsilla

La asistencia jurídica gratuita y las oficinas de ayuda a las víctimas del delito pasan a depender de Reformas Democráticas

F. M. VALENCIA.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, dio luz verde el pasado 23 de marzo a una significativa reorganización del departamento que dirige. De una tacada, la consellera relevó al hasta entonces subsecretario, Luis Felipe Martínez, y aceptó la dimisión de quien había ocupado la dirección general de Justicia, Maria Àngels García Vidal. La salida del histórico dirigente socialista fue atribuida a desavenencias con la consellera. La renuncia de García Vidal, en cambio, quedó enmarcada en ese amplio catálogo que bajo la denominación de 'motivos personales' permite ocultar, en la mayor parte de ocasiones, las verdaderas razones para abandonar un cargo.

El pleno del Consell celebrado ayer aprobó, entre otros asuntos, la nueva redacción del Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la conselleria que dirige Gabriela Bravo. El ROF es el documento que fija la exacta distribución de competencias de cada conselleria, así como su reparto entre los distintos departamentos. El nuevo documento presenta novedades en lo que a las competencias de la Dirección General de Justicia se refiere. Aunque lo fundamental es el refuerzo de otra área, la de Reformas Democráticas, que dirige José García Añón, el hombre de confianza de Bravo y verdadero número dos de la conselleria de Justicia.

Para empezar, esa dirección general, la de Reformas Democráticas, pasa a denominarse 'de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia'. De ella dependerá la red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito, creada en noviembre de 2016, y el nuevo modelo de asistencia jurídica gratuita, de febrero de 2017.

Los cambios no son anecdóticos. García Vidal, la directora general de Justicia que dimitió en marzo, fue una de las máximas impulsoras de iniciativas relacionadas con la asistencia jurídica gratuita y en la atención a las víctimas del delito. Algunas fuentes destacan que su marcha se habría producido precisamente al constatar que, pese a ser materia impulsada en primera persona por ella misma desde la dirección general de Justicia, la consellera habría insistido en que con la reordenación competencial en el departamento, ambas pasaran a depender de García Añón.

De este modo, la nueva Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia asume las funciones en materia de instrumentos que profundicen en el desarrollo democrático en la Comunitat, atención a víctimas de delito, ayudas a las víctimas del terrorismo, asistencia jurídica gratuita, mediación, consultas populares y electorales en el marco de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General y la Ley 1/1987 Electoral Valenciana y relaciones con la profesión titulada de gestor administrativo a los efectos de ejercer las funciones traspasadas a la Generalitat por la Administración General del Estado. Las fuentes consultadas por este diario remarcaron ayer que la gestión de la Justicia gratuita mueve un presupuesto de 25 millones de euros. Se trata de un área de carácter burocrático, pero que dispone de un gran presupuesto.

Por su parte, la Dirección General de Justicia asume las funciones en materia de relaciones con la justicia, infraestructuras y mantenimiento de las sedes judiciales, gestión y formación del personal al servicio de la administración de justicia, planificación de la Oficina Judicial, colegios profesionales, asociaciones, fundaciones, registros y notariado y uniones de hecho.

Fotos

Vídeos