Bravo despide a la cuarta parte de la fundación de atención a las víctimas

Puchades y Bravo, en una reunión de la Conselleria de Justicia. / irene marsilla
Puchades y Bravo, en una reunión de la Conselleria de Justicia. / irene marsilla

Justicia prescinde de 8 de los 32 empleados de Favide, entidad creada en 2004 y que se persigue desmantelar desde el inicio de la legislatura

BURGUERA VALENCIA.

Dos años después de que se anunciase el desmantelamiento de Favide, el pasado viernes, el director general de Reformas Democráticas de la Consellería de Justicia, José García Añón, se reunió uno por uno con una parte de la plantilla para comunicarle su despido. Se prescinde de una cuarta parte de la plantilla en una operación que ha causado cierta sorpresa entre la treintena de empleados en la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención de las Víctimas del Delito (Favide). Ocho de ellos recibieron la mala noticia.

Entre los que se han salvado de la purga (fuentes extraoficiales de la Conselleria de Justicia llevan años señalando que la entidad está compuesta por «enchufados del PP»), la mayoría son letrados. No obstante, también se ha dado el caso de que, dentro de la RPT (relación de puestos de trabajo) que se elaboró hace ya tres años, había un empleo, el de técnica en redes sociales, que logra mantenerse a flote, a pesar de que Favide no opera en internet.

A los ocho despedidos se les ha indicado que se prescinde de ellos por causas organizativas. A los que se quedan, a través del comité de empresa, ya se les ha comunicado que su futuro laboral es todavía incierto. La semana pasada se comunicó a los representantes de los trabajadores que Justicia tiene intención de realizar una modificación «sustancial» de sus condiciones laborales, que se relacionan con la ubicación de la plantilla, los turnos, el horario e incluso el sueldo, todo ello, al igual que los despidos anunciados y firmados por la consellera Gabriela Bravo (como presidenta del patronato de Favide) alegando «causas organizativas».

Favide es una fundación creada hace más de diez años, durante el tiempo en que Francisco Camps era presidente de la Generalitat. A finales de la pasada legislatura, la gestión de Favide propició que más de 70 mujeres víctimas de violencia de género recibiesen atención sociolaboral a través de un proyecto piloto puesto en marcha en la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de la ciudad de Valencia (OAVD). El entonces conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, defendió en 2015 aquel proyecto, impulsado a finales de 2013. Con el cambio de signo del Consell, Favide cayó en desgracia. Desde el inicio de la legislatura, Gabriela Bravo anunció su intención de prescindir de Favide. Sin embargo, la fórmula elegida ha ido variando de manera constante.

Antes de las vacaciones estivales, la plantilla de la fundación fue convocada por García Añón (un alto cargo y catedrático muy cercano a la consellera Bravo) para pedirles que ayudasen a los nuevos trabajadores a integrarse en las labores de asistencia a las víctimas de delitos. Era junio. Pocos días más tarde, el propio García Añón se dirigió a los empleados para disculparse porque, de lo dicho hacía unas semanas, poco quedaba. A continuación, Ferran Puchades (Secretario Autonómico, número dos de Justicia a propuesta de Compromís y que mantiene una relación tensa con la consellera) se dirigió a los trabajadores para anunciarles un ERE extintivo parcial. Finalmente, no se ha ejecutado un expediente de regulación, sino despidos selectivos, puros y duros.

A los trabajadores del ente ya les apareció en febrero un mensaje en su correo electrónico donde se les comunicó que debían informar «de forma individualizada» de «una relación de trabajos que realicen desde el 14 de febrero hasta el 21 de febrero, ambos inclusive». Un seguimiento semanal de la actividad que, misteriosamente, no continuó. Durante meses nada se supo de las intenciones de la Conselleria de Justicia sobre esta fundación hasta que a principios de junio enviaron a la plantilla una citación para que acudiesen a la reunión con García Añón. En la reunión con Puchades, el tono ya fue menos amable al anunciarse el ERE. A preguntas sobre si los despidos iban a ser en agosto, el secretario autonómico de Compromís recordó que agosto es hábil. Finalmente se ha producido en octubre. Y es que, ya les dijo Puchades según un empleado presente en la reunión, «ya sabemos que cada uno sois de un pelaje».

Fotos

Vídeos