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Sábado, 27 de enero 2018, 00:57
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valencia. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, salió ayer al paso de las críticas que los fiscales, de manera general, y puntualmente los de la Fiscalía Anticorrupción, realizan por la falta de medios que sufren para realizar su trabajo. En redes sociales, así como de manera interna o en conferencias y actos relacionados con la actividad jurídica, los fiscales valencianos inciden en la necesidad de incrementar los medios materiales y tecnológicos con los que realizan su labor. Durante la comparecencia posterior al pleno del Consell que se celebró ayer en Vinaroz, un periodista recordó a Bravo esas quejas. La consellera, fiscal de profesión, negó la mayor y aseguró haber atendido todas las peticiones recibidas. El tira y afloja entre Bravo y los integrantes del ministerio público en los juzgados valencianos se prolonga desde el inicio de la legislatura. En ocasiones alcanza picos de fricción. Durante esta semana, la Unión Progresista de Fiscales emitió un comunicado a nivel nacional recordando a las autoridades competentes (en el caso de la Comunitat, es la Conselleria de Justicia) la «lamentable situación» que sufren los fiscales a causa de una implantación deficitaria de la modernización de los medios tecnológicos con los que trabajan. La atención generada por el juicio de la pieza de Gürtel sobre la financiación del PP que se celebra en la Audiencia Nacional propició la interpelación a Bravo, quien considera que las reclamaciones de los fiscales están siendo atendidas convenientemente. No obstante, de manera implícita, reconoció un problema: la imposibilidad de poder almacenar el material legal en ordenadores portátiles facilitados por la conselleria, de tal modo que los fiscales puedan llevárselos a casa o trabajar con ellos en otro lugar que no sea su oficina. El problema ya provocó una controversia entre Bravo y el fiscal Anticorrupción Vicente Torres hace diez meses. La consellera aseguró ayer que a partir del mes que viene aportará más ordenadores portátiles.
«En algunos equipos no tenemos ni el Office, ningún político quiere que tengamos más medios, sólo nos dan un portátil a cada uno», afirmó el pasado 16 de abril Torres en un programa de televisión de La Sexta. Bravo le replicó en Les Corts dos semanas más tarde. Ayer, la consellera volvió a defender su gestión. Afirmó haber puesto a disposición todos los medios materiales y humanos que la fiscalía ha ido solicitando en su labor de investigación de asuntos relacionados con la corrupción.
Bravo explicó que el departamento que dirige mantiene reuniones periódicas con representantes de la fiscalía y «fundamentalmente con quienes investigan delitos de corrupción».
«Puedo asegurar que todos los medios que nos ha solicitado, en el ámbito material y personal, la Conselleria ha accedido a ponerlos a sus servicio para ayudar en la ardua tarea de investigar delitos», apuntó la consellera.
«Les ofrecimos todas las herramientas informáticas que solicitaron, y el próximo febrero está prevista la adjudicación de nuevos ordenadores que permitirán a jueces y fiscales llevarse los asuntos que sean de su competencia a casa», ya que permitirán el acceso telemático al sistema procesal. Bravo insistió en que «todas las peticiones en materia de personal han sido puestas en marcha» de modo que se han ampliado de 1,5 a 4 millones de euros -de 2015 a 2018- los fondos para refuerzo de personal en la administración de justicia.
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