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A. G. R.
Jueves, 17 de agosto 2017, 00:32
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valencia. La mejora del sistema de financiación autonómica y el método más eficaz para conseguir que el Gobierno atienda las demandas valencianas volvió ayer a enfrentar al PP y al PSPV. La realidad es que la unidad que en este asunto se pretende exhibir por los dos principales partidos queda rota al más mínimo contratiempo. La presidenta del PP, Isabel Bonig, reveló ayer negociaciones con comunidades gobernadas por el PP para obtener el apoyo a la Comunitat con independencia de quién ocupe el Palau.
Esta especie de alianza impulsada durante los últimos meses por Bonig con Madrid y Murcia, contaría con el beneplácito del propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, según la versión que ofrecen desde el grupo popular. Estas conversaciones que supuestamente cristalizaron en el apoyo a las tesis valencianas responderían al compromiso de Bonig de no dejar solo al Consell en una reivindicación que consideran justa y urgente al margen de cualquier otra disputa política.
El objetivo sería que ambas autonomías respaldaran la posición valenciana en el consejo de Política Fiscal. «Puig pidió ayuda y el PPCV ha hecho los deberes y le ha prestado esa ayuda», sostuvo Bonig. En cambio, la airada reacción del PSPV ante el anuncio de Bonig parece evidenciar precisamente lo contrario. El síndic socialista, Manolo Mata, respondió que Bonig «está obligada a decir qué, cómo, cuándo y con quién negocia sobre el mayor problema que tiene esta Comunitat, la infrafinanciación». Considera el responsable que la actuación de la presidenta popular es una «cortina de humo» para ocultar que «es incapaz» de defender ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los intereses de los valencianos. Entre ellos, destacó el de la condonación de la deuda histórica y la necesidad de reducir la administración porque el Estado del Bienestar «recae exclusivamente sobre las comunidades autónomas».
Mata insistió en que el PP ha roto el consenso respecto a la exigencia de un cambio en el sistema al apartarse de la manifestación del próximo mes de octubre, una llamada a la sociedad civil para expresar el descontento con el trato a la Comunitat del Gobierno central. El acto está previsto que se celebre el próximo 9 de octubre, aunque existe el temor de que la consulta catalana fijada una semana antes eclipse la pretendida repercusión de la protesta. El PP rechazó colocarse detrás de la pancarta porque no comparte esa forma de reivindicación. Es el único partido con representación en Les Corts que se ha distanciado de la demanda.
La negociación de Bonig y el supuesto éxito que ha tenido recae en una de las autonomías que hasta la fecha han mostrado no tener una posición definida. Madrid, según fuentes conocedoras de la negociación, va por libre y en algunos casos coincide con la Comunitat, mientras en otros defiende tesis contrarias. La distancia es enorme, por ejemplo, con el dumping fiscal: la bonificación del Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones que hace Cristina Cifuentes. Murcia sería una de las aliadas más firmes de la Comunitat y también Baleares iría de la mano en una negociación frente al resto de autonomías.
La Comunitat Valenciana ocupa uno de los últimos puestos de la clasificación de todas las regiones con diferencias con la media de España que van desde los 174 hasta los 258 euros. Cada valenciano recibe esa cantidad de menos respecto a la media española. El modelo está previsto que se revise este mismo año. El presidente del Consell no descarta cualquier tipo de actuación para que se cumplan los plazos. No obstante, Rajoy anunció en su día que si no había acuerdo entre las autonomías, el sistema no se revisaría.
El informe de los expertos, el órgano encargado de proponer la base para la reformulación del sistema, no ha sido todo lo favorable a la postura del Consell. De entrada, rechaza la posibilidad de una quita sobre la deuda. El especialista propuesto por el Consell defendía esta vía para recuperar la suficiencia financiera, volver a los mercados y dejar de depender de los mecanismos de liquidez aprobados por el Gobierno. La deuda valenciana asciende a 44.658 millones de euros.
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