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La síndica del PPCV, Isabel Bonig, en su escaño de Les Corts. DAMIAN TORRES
Bonig insiste en su pulso a la patronal y sindicatos y presenta una nueva ley

Bonig insiste en su pulso a la patronal y sindicatos y presenta una nueva ley

La líder del PPCV quiere que las organizaciones sindicales y de empresarios con representación accedan en igualdad a las ayudas institucionales

Miércoles, 20 de diciembre 2017, 23:57

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«Oltra y Puig no pueden decir que Cruz Roja, Cáritas o la Casa de la Caridad vayan a pública concurrencia para pedir ayudas institucionales y que las organizaciones sindicales y empresariales no lo hagan». «Nadie comprendería que sólo PSPV o PPCV, por ser los partidos más representativos, tuvieran derecho a las ayudas institucionales y Compromís, Ciudadanos y Podemos no las tuvieran. Yo me opondría». Con estas palabras la presidenta del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Isabel Bonig, retomó ayer el pulso abierto contra la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana al presentar su propuesta para modificar la Ley de Participación Institucional y a abrirla a otros actores.

Bonig afirmó que los populares no quieren quitarle el dinero ni a los sindicatos ni a los empresarios, dijo en referencia a las organizaciones calificadas como representativas, sino que las organizaciones de uno y otro corte que tengan representación puedan ir «en pública concurrencia» a optar por las ayudas de la administración autonómica. «Que tengan posibilidad de presentar proyectos», afirmó. «Buscamos la igualdad», incidió.

«No me gusta buscarme enemigos», dijo la líder de los populares valencianos en referencia a su posición frente a la patronal autonómica. Bonig negó sin nombrarlo que la propuesta que presentó fuera por resentimiento o venganza. «No es una rabieta», dijo. Para evidenciarlo explicó que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) acudió a la manifestación para pedir la mejora de la financiación autonómica, en cuya organización participaron la CEV, UGT y Comisiones Obreras, junto con el Consell y las formaciones de izquierda mas Ciudadanos, y los populares se han seguido reuniendo con esa entidad «para hablar de la ley de la huerta».

Isabel Bonig indicó que cree que hay «unanimidad» entre los diferentes grupos de Les Corts para poder presentar esa proposición de ley que modifique una norma aprobada por el PP el 2 de abril de 2015, en la recta final de la anterior legislatura cuando gozaba de mayoría absoluta, la de Participación Institucional.

El PP propone que se realice solamente un cambio en esa ley que aún no tiene tres años: que se elimine la expresión «organizaciones sindicales y empresariales más representativas» y se sustituya por «organizaciones sindicales y empresariales». Con ello se abre el campo de las ayudas oficiales no sólo a UGT, CC OO y la CEV, sino a otros sindicatos como Intersindical, CSIF, USO o el Sindicato Independiente.

Estas cuatro organizaciones sindicales han mantenido reuniones con todos los grupos políticos de la Cámara autonómica valenciana para que se apoyara una enmienda a los presupuestos de 2018 presentada por el PP y que iba en ese camino. Pero la enmienda se desestimó.

«Nosotros nos hemos estado reuniendo con ellos (los sindicatos CSIF, Intersindical, USO y Sindicato Independiente) desde hace un año y como vemos que ahora hay unanimidad entre todos los partidos hemos presentado esta proposición de ley», explicó la síndica.

Y ciertamente dispone de apoyos, aunque tímidos, en otros grupos, pero no en todos. Si bien parece tener el respaldo de Ciudadanos, Podemos, y podría ser que Compromís, el PSPV se descarta de plano.

«Me comprometí a hablar con los sindicatos el 8 de enero», dijo Mata, a la vez que señaló que no apoyará la propuesta popular. Mata indicó que Bonig se olvida de que la ley marca que son «los más representativos», sindicatos y organizaciones empresariales, los que deben tener una aportación económica institucional y que esta no puede ser, como propone el PP, en pública concurrencia» El síndico socialista señaló que la política «no es venganza» ni un castigo».

Mari Carmen Sancho, de Ciudadanos, y César Jiménez, de Podemos, apelaron al diálogo. Fran Ferri, síndico de Compromís, se comprometió a estudiar la propuesta de Bonig pero avanzó que «hay riesgo de inconstitucionalidad en algunos aspectos» porque la participación institucional, dijo, «no puede ser por concurrencia competitiva».

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