Blasco, citado a declarar por los contratos de informática en la conselleria

Rafael Blasco. / j. signes
Rafael Blasco. / j. signes

La instructora también acuerda que comparezca Tauroni y un ex alto cargo de la Generalitat por amaños en la administración

EP

valencia. La investigación de la pieza quinta del caso Cooperación, relacionada con presuntas irregularidades en contratos informáticos entre 2008 y 2011, se reactiva con las declaraciones como imputados del exconseller de Inmigración y Solidaridad y exportavoz del PP en las Corts Rafael Blasco, y del empresario Augusto César Tauroni. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha citado para el día 16 de febrero a Tauroni -en prisión por la pieza primera del caso Cooperación, relativa a un fraude en subvenciones a países del Tercer Mundo-, al exjefe de Informática de la extinta conselleria de Inmigración y a un testigo.

Una semana más tarde, el día 23 de febrero, tendrán que declarar por este asunto, en la misma condición de investigados, Rafael Blasco y la exsecretaria de la Conselleria, Tina Sanjuan. Tanto Blasco como Sanjuán también fueron condenados a prisión por la pieza principal del caso y se encuentran cumpliendo condena en la cárcel valenciana de Picassent. La Audiencia de Valencia acaba de revocar los permisos penitenciarios concedidos a Blasco y que esta ya había disfrutado durante el pasado mes de diciembre.

El pasado mes de diciembre, la Audiencia Provincial de Valencia desestimó los recursos presentados por Blasco y por el que fuera jefe de área de Solidaridad Marc Llinares y confirmó la decisión de la instructora de investigarles en este procedimiento. La causa se abrió por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y en ella se investiga el presunto amaño de contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni.

Según consta en el procedimiento, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.

Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros. En total, en esta pieza quinta hay siete investigados: Blasco, Tauroni, Llinares, Tina Sanjuán, el exjefe de área de informática, un comercial de Fujitsu y un empleado de Tauroni.

La cuarta pieza es la única que hasta el momento se ha archivado sin responsabilidad penal para los investigados. Se trataba del análisis del ordenador que usó el empresario en la cárcel sin tener autorización para conectarse a internet.

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