'El Bigotes' declara que Camps era el responsable de la financiación irregular del PP

Pablo Crespo, ayer, mientras declara ante el juez. A su espalda, 'el Bigotes' y Francisco Correa. / LP
Pablo Crespo, ayer, mientras declara ante el juez. A su espalda, 'el Bigotes' y Francisco Correa. / LP

El acusado asegura que Costa consultó con el «presidente» la forma de cobro ficticio de los servicios electorales y señala también a su jefa de Gabinete y a Juan Cotino

MATEO BALÍN MADRID.

Álvaro Pérez, 'el Bigotes', declaró ayer en el juicio por la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) que fue el expresidente de la Generalitat Francisco Camps (2003-2011) quien dio la orden para que las empresas de Francisco Correa facturasen los actos de campaña de 2007 y 2008 a otros empresarios y no al partido. En concreto, a los nueve constructores que han admitido los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción a cambio de evitar el ingreso en prisión. Esta confesión les supuso una condena de 15 meses de cárcel y una multa que no llega a 30.000 euros. Según explicó el principal acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, en la reunión que mantuvo con el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, para concretar cómo cobrar los servicios electorales prestados por la mercantil Orange Market a los populares valencianos aconteció una «importante» cuestión.

«Ricardo (Costa) llamó delante de mí a la persona que le consultaba siempre todo y le dijo que había problemas serios de hacerlo de esa manera y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar, y si le interesa, bien, y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps. Costa solo recibía órdenes», explicó el Bigotes.

«(Camps) era realmente quien decía junto a su equipo cercano, como el señor (Juan) Cotino (expresidente de las Cortes Valencianas) o Ana Michavila (jefa de gabinete de Camps), cómo había que cobrar», añadió. «¿Seguro que era Camps?, le interpeló el juez José María Vázquez Honrrubia. «Sí, Costa habló por teléfono delante de mí con el 'presidente'?», aseguró. Tanto el líder confeso de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, como el 'número dos' de sus empresas, Pablo Crespo, habían afirmado de forma previa que fue Costa quien les indicó que si «querían cobrar» tenía que facturar los eventos a «determinados empresarios». Consistía, según relató a la Fiscalía, en aportar a los empresarios contratistas de la Generalitat facturas ficticias y/o engordadas sobre servicios electorales para que pudieran cobrar.

Estos constructores son Gabriel Batalla (Lubasa), Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón), Antonio y Alejandro Pons (Piaf), Tomás y Rafael Martínez (Padelsa, CHM y Villalba), Enrique Ortiz y José Francisco Bevía (Grupo Civica), Vicente Cotino (Sedesa) y José Fresquet (Padelsa). Todos ellos se enfrentaban a entre cuatro y seis años por delitos electorales y falsedad documental.

«Se hacía así o no cobraba»

Asimismo, 'el Bigotes' -que se enfrenta a 27 años de prisión- afirmó ayer que cuando cobraba quedaba directamente con los empresarios para que le dieran dinero negro en un sobre. «Al constructor (Enrique) Ortiz le llamábamos 'el de las magdalenas' cuando había que cobrar, porque su apellido coincidía con la empresa que hace estos dulces». En el caso de Pablo Crespo, número dos de la trama 'Gürtel', no llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos pero sí deslizó ayer determinadas revelaciones. No dudó en apuntar a otros dirigentes del PP como David Serra o el exvicepresidente Víctor Campos como las personas que le decían que les iban a pagar en 'b'.

El gestor del Grupo Correa, en prisión preventiva desde hace 11 meses como 'el Bigotes' y Correa por la primera condena de un tribunal de Valencia, confirmó al juez lo que ya dijo el miércoles su jefe: fue Costa la persona que les dijo cómo y a quién facturar (de forma ficticia) si querían cobrar servicios electorales adeudados por el PP valenciano.

El reconocimiento de Crespo llegó tras la intervención del juez. A preguntas de la fiscal Miryam Segura, el magistrado Vázquez Honrrubia le preguntó directamente sobre quién les ordenó facturar así y Crespo mencionó a Ricardo Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por delitos electorales y falsedad documental continuada. «El señor Costa nos dijo a mí y a Álvaro Pérez que no tenían dinero y que la única solución era facturar a estos empresarios, aunque no sé si Correa sabía a qué empresarios se refería. La solución no me gustaba, pero Costa nos dijo que: 'O se hacía así o no se cobraba'. Yo se lo dije a Correa y aceptamos hacerlo porque si no íbamos a concurso de acreedores y cerrábamos la empresa», dijo.

La fiscal le preguntó si además de Costa en esa negociación estaban los acusados Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat) o David Serra (ex vicesecretario general del PPCV) y Crespo afirmó que 'el Bigotes', como gerente de Orange Market, contactó «a todos los niveles». El Bigotes subrayó que tanto Rambla y como Serra -ambos acusados- eran algunos de los políticos que le pagaron en metálico dinero b.

La historia de Álvaro Pérez con Valencia comienza tras la ansiedad que le generaba trabajar para el PP de Madrid. Conoció a Camps a través de Alejandro Agag, según su propio testimonio. Pablo Crespo, por su parte, confirmó en su declaración que Álvaro Pérez «tenía mucha relación con personas del PP de Valencia» e hizo gestiones con los expresidentes regionales Francisco Camps y Alberto Fabra para intentar cobrar los actos que se le adeudaban. Es más, concretó el problema que tuvo con Alberto Fabra, entonces alcalde de Castellón y futuro presidente de la Generalitat tras la salida de Camps. «Hubo un conflicto con unas facturas de vallas publicitarias de la campaña del entonces candidato a la alcaldía de Castellón».

«Esas facturas las tendría que haber pagado en principio Fabra y creo que Pérez se puso en contacto con el PP de Castellón y con Fabra», quien «las derivó y dijo que era una cuestión que debía pagar la sede regional, ya que había elecciones autonómicas y municipales al mismo tiempo y finalmente no pagaban ni unos ni otros», recordó. Y abundó en que «eso acabó perdido hasta que en esa dinámica de facturar a empresarios la deuda que tenía contraída el PP se le facturó a una empresa de Castellón». Sin embargo, Alberto Fabra aseguró que en el PP de Castellón «jamás se contrató ninguna valla publicitaria ni nada parecido en ninguna de las campañas electorales con ninguna de las empresas que ahora están siendo investigadas en el proceso judicial, lo que desmiente las declaraciones en el proceso judicial».

Según Crespo, El Bigotes también tenía contacto con otras personas que no están encausadas como la ex secretaria general del partido regional Adela Pedrosa, así como miembros de la Ejecutiva del partido, exconsellers regionales y presidentes provinciales del partido. Horas más tarde también lo confirmó el propio aludido. «He trabajado muchísimo con Adela Pedrosa que, aunque ella se escurría mucho, era la secretaria general y Ricardo Costa recibía órdenes de Pedrosa». Indicó que debía de «estar al corriente» de las formas de pago. La senadora respondió ayer que «ni durante» su etapa de secretaria general del PPCV «ni antes ni después» ha tenido «relación alguna» con el responsable de Gürtel.

Crespo, entre la batería de irregularidades que detallaron, también recordó que llegaron a recibir una cantidad de 123.000 euros con un cheque del grupo parlamentario popular de las Cortes valencianas.

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