Benavent pide aplazar su declaración por presuntas comisiones en Ciegsa

El exgerente de Imelsa no quiere comparecer hasta que la Guardia Civil presente el informe definitivo sobre la empresa pública

A. G. R.

valencia. El magistrado del juzgado de Instrucción 18 de Valencia abrió recientemente una pieza separada para investigar las supuestas comisiones en la empresa Ciegsa por la adjudicación de obras para centros escolares. Máximo Caturla, como máximo responsable de la entidad, había sido citado a declarar. El exalto cargo ya pidió la suspensión y se la concedieron. Su comparecencia está ahora fijada para el próximo 16 de abril. Su abogado presentó un escrito en el que solicitaba más tiempo hasta poder estudiar con detalle las acusaciones que constan en la documentación.

El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, no quiere ser el primero en comparecer por esta pieza al margen de las declaraciones que en su día ya efectuó ante los agentes de la Guardia Civil. El abogado de Benavent alega, aparte de la enorme complejidad de la causa, la elaboración de un informe de la UCO. El investigado y ahora colaborador de la Fiscalía Anticorrupción quiere esperar a que el trabajo de los agentes haya terminado para dar su versión de los hechos.

Uno de los indicios con los que se siguió la pista de estas irregularidades son las conversaciones que durante años grabó Benavent a altos cargos del partido con el objetivo de cubrirse las espaldas si en algún momento la trama quedaba desmantelada. Esos audios llevaron a la UCO a la realización de un primer informe policial en el que escenificaban un enfrentamiento entre dos grupos del PP por el cobro de comisiones. La causa también afecta a cuatro técnicos de la empresa pública y a los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados. El primer informe de la UCO respecto a la gestión desarrollada desde Ciegsa apuntaba a posibles irregularidades en centros de Torrevieja, Llosa de Ranes, Xirivella, El Cabanyal y Santa Pola.

La Guardia Civil señaló el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y del exvicepresidente Gerardo Camps como conocedores de esta situación ilegal. El juez, no obstante, ha resuelto que no existe base suficiente para investigarlos.

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