La Audiencia reabre la causa a la exgerente de FGV y deja a la exdirectiva al borde del juicio

Marisa Gracia, en una comparecencia pública. / irene marsilla
Marisa Gracia, en una comparecencia pública. / irene marsilla

La Sala entiende que existen indicios delictivos en la adjudicación de contratos a dos empresas de seguridad

A. RALLO

valencia. La titular del juzgado de Instrucción 8 de Valencia ha visto cómo las dos causas más mediáticas que ella misma había archivado -el amaño del partido Levante-Zaragoza y las irregularidades en la gestión de Ferrocarrils- han sido reabiertas por la Audiencia de Valencia. La Sala ha resuelto esta semana el recurso de Anticorrupción contra el sobreseimiento de la investigación a Marisa Gracia por el supuesto amaño de contratos de seguridad en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). La Audiencia considera que es necesario continuar con la instrucción y que se soliciten nuevas diligencias o incluso que se dé ya traslado a las acusaciones para calificar los hechos ante los indicios de criminalidad que aprecian los magistrados.

La resolución de la Sala aboca la causa a la celebración de un juicio. Tras el pronunciamiento de la Audiencia, la juez, en un futuro más o menos próximo, dictará el auto de incoación del procedimiento abreviado, la resolución que pone punto y final a la instrucción y traslada la causa a las acusaciones para que formulen su correspondiente escrito de calificación.

Los magistrados recuerdan que a día de hoy ya constan indicios delictivos que se acrecientan con otras circunstancias. Por ejemplo, la declaración del exjefe de seguridad de FGV, Arturo Rocher. Este exdirectivo, por ejemplo, fue el que denunció todo un cúmulo de supuestas irregularidades. La inmensa mayoría de sus revelaciones se han ido archivando. Sólo las pesquisas por la adjudicación de los contratos de seguridad han tenido finalmente recorrido. Las pesquisas apuntan a que supuestamente se habría modificado la puntuación de las empresas que optaban a estos servicios así como su posición en la clasificación. Finalmente, las dos firmas se llevaron contratos por valor de 17 millones de euros. Este proceso se produjo en 2007, un año después del accidente de metro que costó la vida 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

Los magistrados recuerdan que un investigado rechazó una prueba para descartar que hiciera anotaciones

La Sala recoge como otro de los indicios para continuar la instrucción que uno de los investigados no quisiera hacer un cuerpo de escritura, una diligencia para determinar si las anotaciones a mano que constan en los expedientes supuestamente modificados las ha realizado él. La Audiencia también apunta en su escrito que familiares de Gracia llegaron a trabajar en alguna de las mercantiles favorecidas por los contratos de la citada administración.

La misma investigación también abordaba si FGV, por orden de Gracia, perdonó el cobro de determinadas penalizaciones a las concesionarias por el incumplimiento de los contratos.

La fiscalía pidió ya hace meses el procesamiento de Gracia por estos hechos. Tras unos meses, la juez consideró que el asunto no reunía los requisitos para dictar el procesamiento de la exgerente y los otros dos directivos. La Audiencia obliga ahora a rectificar la decisión.

No era este el único asunto que se seguía en Instrucción 8 por la gestión de FGV. La actual vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, presentó en su día una denuncia contra la directiva por supuestamente fraccionar contratos en Ferrocarrils. Se trataba de la supuesta división de contratos a favor de tres mercantiles. Entre las firmas presuntamente beneficiadas, se encontraba HM&Sanchis, una consultora que elaboró un documento con recomendaciones sobre los contenidos a tratar durante las comparecencias de los directivos en Les Corts tras el siniestro mortal de 2006. Esta pieza se archivó y la decisión es firme. Un informe de la Intervención rechazaba cualquier irregularidad.

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