La Audiencia absuelve al exsecretario de Canet de quedarse una subvención para ayudar a inmigrantes

La Audiencia absuelve al exsecretario de Canet de quedarse una subvención para ayudar a inmigrantes

Se trata de una pieza más derivada de la conocida como trama de las asesorías, un entramado dedicado supuestamente a cobrar de las administraciones por informes de conveniencia

A. Rallo
A. RALLOValencia

La Audiencia de Valencia ha absuelto al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer Sancho Sempere y a otros dos acusados, entre ellos el exconcejal de Hacienda del municipio, Carlos Julián, de quedarse el dinero procedente de una subvención que una firma de Sempere había obtenido de la Junta de Andalucía. Se trata de una pieza más derivada de la conocida como trama de las asesorías, un entramado dedicado supuestamente a cobrar de las administraciones por informes de conveniencia, sin ninguna utilidad para la Administración que los encargaba.

El fiscal reclamaba siete años y seis meses de cárcel por quedarse el dinero de la subvención, destinada, en principio, a ayudar a inmigrantes. El ministerio público considera que los hechos constituyen un delito de estafa, falsedad y blanqueo de capitales. La asociación Pangea recibió 23.369 euros del gobierno andaluz para la renovación de los ordenadores y la sede que tenían en la calle Navellos de Valencia. La adquisición se realizó en la tienda de informática propiedad del concejal. Y_luego esta firma, la del edil, facturó a una sociedad del exsecretario por una asistencia jurídica. La fiscalía sostenía que ese fue el método de reparto del dinero. Sancho Sempere, según recogen los hechos probados de la sentencia, no pudo completar los trabajos comprometidos porque cuando recibió el dinero había vencido el plazo de ejecución.

La Sala no ha llegado al «convencimiento» de que los hechos que presentan las acusaciones -la Abogacía de la Junta también también estaba personada– sean delictivos. El tribunal admite que existen «razonables sospechas» de la comisión de los ilícitos como, por ejemplo, el sistema empleado por el acusado para obtener la subvención porque utilizó la firma de empleados que desconocían su participación en el proceso. Sin embargo, los magistrados creen que los testigos que han declarado en la vista han abierto muchos interrogantes. Y esa duda les lleva a dictar la absolución.

La sentencia rebate que la factura del material informático fuera falsa y se tratara de un instrumento para justificar el destino del dinero. Considera que no se puede llegar a esa conclusión porque parte de los artículos sí aparecieron. Es decir, existen indicios de que esos bienes se adquirieron y no de lo contrario. De igual modo, la segunda de las facturas –la de los servicios jurídicos– ofrece «sospechas bien trenzadas» por las acusaciones, pero «insuficientes como prueba del delito». Por último, la Sala tampoco aprecia todos los requisitos de la estafa, como la existencia de engaño y el perjuicio propio. Todo lo limita a las relaciones privadas o administrativas entre el beneficiario y la Administración.

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