El ariete del PP contra la gestión del Consell

El ariete del PP contra la gestión del Consell

César Sánchez es el artífice de algunos de los revolcones judiciales que ha sufrido el Ejecutivo de Puig y Oltra | De perfil discreto y de la máxima confianza de Císcar, ha convertido la Diputación de Alicante en un dolor de cabeza para la Generalitat

F. M.

valencia. Los dos años cumplidos del Gobierno del Botánico han tenido momentos buenos, regulares y malos. Decisiones de las que se ha podido sacar pecho -varias de ellas en materia social, aunque luego algunas se han visto bloqueadas por la falta de recursos o por los tribunales- y otras que han derivado en verdaderos batacazos. El pacto de PSPV, Compromís y Podemos continúa su camino pese a discrepancias de perfil menor. Las distancias entre las formaciones podrían evidenciarse a medida que se acerquen las elecciones de 2019.

Entre esos momentos menos buenos, entre los patinazos que han contribuido a debilitar la imagen del Ejecutivo que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra, algunos tienen su origen en decisiones adoptadas por el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y que han acabado generando serios contratiempos al Ejecutivo valenciano.

La más destacada, la que puso en cuestión la columna vertebral de la política educativa del Consell, fue el recurso contra el plurilingüismo. La institución provincial alicantina acudió a los tribunales contra el polémico decreto impulsado por el titular de Educación, Vicent Marzà, y que establecía el modelo lingüístico en la enseñanza no universitaria. Y la primera decisión del TSJ valenciano, a una petición de suspensión cautelar planteada por la Diputación que dirige Sánchez, ya fue positiva. Unos meses después, en julio de este mismo año, el mismo tribunal terminó dando carpetazo al decreto que establecía una «distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano) a cuenta del inglés».

El torpedo en la línea de flotación de la política educativa del Consell no derivó, como hubiera sido razonable pensar, en la dimisión o destitución del máximo responsable de la Conselleria de Educación. Les Corts aprobó hace pocas fechas un nuevo decreto que burla la suspensión del primero y que permitirá la aplicación del modelo plurilingüe en Educación Infantil de tres años.

Pero lo que no pasó inadvertido fue que el batacazo judicial tuvo su origen en aquella decisión del presidente de la Diputación de Alicante. César Sánchez ocupa este puesto casi de rebote, después de que Ciudadanos, el partido que decantaba la mayoría en esa institución, se negara a dar su apoyo a José Císcar para desempeñar esta responsabilidad. Con muestras de una habilidad política similar a la del presidente provincial de los populares alicantinos -reconocido de forma mayoritaria en su partido como una de las cabezas mejor amuebladas de esa formación-, Sánchez tocó la tecla adecuada en el momento justo para hacer saltar las alarmas en el Palau.

Y no ha sido solo por el decreto del plurilingüismo. La Diputación de Alicante, igual que la de Castellón, fueron las primeras en poner en cuestión esos decretos aprobados por el Consell de Puig y Oltra a los pocos meses de llegar al cargo y que, en la práctica, disparaban el margen de maniobra de la administración autonómica sobre la gestión -y sobre los presupuestos- de las corporaciones provinciales. De trasfondo, la voluntad de PSPV y Compromís de dar carpetazo a las instituciones provinciales. Y de paso, cortocircuitar las principales instituciones públicas que habían quedado en mano del PP.

Javier Moliner desde Castellón y Sánchez desde Alicante iniciaron la cruzada judicial que finalizó, de la misma forma que el plurilingüismo, con una sentencia favorable a sus intereses. Esto supuso un doble batacazo para el Consell: el primero, por el fallo en contra del TSJ, y el segundo, por la decisión del Supremo (conocida esta misma semana) de no admitir el recurso de casación del Gobierno valenciano. Sánchez y Moliner -éste con algo menos de proyección política tras su anuncio de abandonar la primera línea- arruinaron las expectativas de un Consell asfixiado por sus penurias económicas. Además, dejaron en evidencia a su homólogo en la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

Dos éxitos en los tribunales no garantizan victorias en todas y cada una de las iniciativas. Pero lo último que ha hecho Sánchez ha sido advertir de la posibilidad de llevar a los tribunales la designación de responsables en À Punt, la futura televisión autonómica valenciana. A las rencillas que mantienen PSPV y Compromís por la designación de jefaturas, a las incertidumbres judiciales que aún quedan y que afectan a la televisión, el anuncio de Sánchez ya ha puesto a temblar a más de uno.

El dirigente alicantino no ha mostrado ambiciones orgánicas hasta la fecha. Ni siquiera le ha discutido a Císcar el líderazgo provincial. Pero el alcalde de Calpe (1978) se ha abierto un hueco propio entre los cargos populares temidos en el seno del Consell. Un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Puig y Oltra cada vez que acude a los tribunales.

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