La aplicación en menores de la ley de muerte digna del Consell divide al Jurídic

Joan María Tamarit, nuevo secretario del Jurídic, ayer. / i. marsilla
Joan María Tamarit, nuevo secretario del Jurídic, ayer. / i. marsilla

Un consejero rechaza que los mayores de 16 años puedan tomar decisiones sobre el proceso final de su vida sin consentimiento por representación

F. M.

valencia. El pleno del Consell aprobó hace diez días el proyecto de ley de muerte digna, la norma encargada de regular los «derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida». Un texto que establece el derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales de centros e instituciones sanitarias y sociales e introduce medidas nuevas como la Planificación Anticipada de Decisiones.

La norma generó durante su tramitación previa, y en concreto a su paso por el Consell Jurídic Consultiu, un intenso debate en relación con uno de sus apartados, en el que se incluye el artículo 17, que afecta a los 'derechos de las personas menores de edad en el final de la vida'. El apartado es el que excluye expresamente el consentimiento por representación respecto a los menores emancipados y a los mayores de 16 años. Es decir, la norma autonómica prevé que los menores de entre 16 y 18 años no necesitarán de un consentimiento a la hora de tomar decisiones que afecten al proceso final de su vida.

El dictamen que acaba de hacer público el CJC sobre el texto de la conselleria de Sanidad recoge el voto particular de Enrique Fliquete. En su texto, el consejero propuesto por el PP advierte primero de que la regulación de los derechos y garantías que afectan a la dignidad de la persona «no deberían tener un tratamiento dispar en las diferentes legislaciones autonómicas».

Fliquete, propuesto por el PP, cree que la norma básica y la autonómica son contradictorias La legislación estatal limita las facultades de los menores mientras que la del Consell las amplía

Pero el matiz principal afecta a la redacción de ese artículo 17. Explica Fliquete que la norma dictaminada contempla un abanico de decisiones que van desde el consentimiento a toda intervención diagnóstica, el derecho al rechazo a las intervenciones propuestas y a solicitar la interrupción de los tratamientos ya instaurados, incluso contra el criterio clínico. Y recuerda que la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que es la que regula el consentimiento por representación, advierte de que «cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo». Es decir, la norma estatal, que tiene carácter básico y por tanto su contenido es indisponible para el legislador autonómico, sí que recoge ese consentimiento para menores emancipados o mayores de 16 años.

Remarca Fliquete en su voto particular que podría discutirse respecto a si en el ámbito de las decisiones que deberá adoptar la persona en el proceso del final de su vida, existe alguna que pudiera poner en grave riesgo la vida del menor. Pero, añade, es la propia norma autonómica la que lo reconoce al admitir el derecho al rechazo a las intervenciones propuestas «a pesar de que esto pueda suponer un riesgo para su vida».

Por este modo, el consejero considera que no es admisible que la norma estatal limite las facultades de los menores emancipados o mayores de 16 años «y que en cambio la legislación autonómica aplíe tales facultades decisorias a tratamientos que pueden comprometer la duración de su propia vida».

Por otro lado, Joan María Tamarit tomó posesión ayer de su cargo de nuevo secretario general del Consell Jurídic Consultiu. El acto protocolario -sólo para medios gráficos- tuvo lugar en elPalau de la Generalitat.

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