Anticorrupción pide 16 años de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por malversar dinero de subvenciones a ONG

Rafael Blasco, en un juicio.
Rafael Blasco, en un juicio. / Efe

La Abogacía de la Generalitat y la CVONGD reclaman 172 años y medio y 150 años de prisión en total para los 21 procesados, respectivamente

EFE VALENCIA

La Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en las Corts, por malversar dinero de subvenciones a ONG y por el proyecto de construcción de un Hospital en Haití.

Así consta en el escrito de acusación que ha remitido el ministerio público al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por las piezas 2 y 3 del conocido como caso Cooperación. Las otras dos acusaciones en este procedimiento, la Abogacía de la Generalitat y la CVONGD, reclaman 172 años y medio y 150 años de prisión en total para los 21 procesados respectivamente.

En estas dos piezas se investiga a 21 personas por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití. La jueza vio posibles delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

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Blasco y su equipo de la conselleria ya fueron condenados en la pieza principal del procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo para proyectos en Nicaragua. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo ratificó las condenas pero rebajó algunas penas. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión y Tauroni a seis.

El juzgado mantiene abierta la investigación de otras dos piezas dentro de este procedimiento --la 4 y 5--. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. La otra pieza investiga si el empresario Augusto César Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.

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