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EFE
Sábado, 16 de diciembre 2017, 00:08
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valencia. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores, Lalo Díaz y Pedro de Gea, «hicieron de su voluntad fuente de derecho» al fraccionar presuntamente contratos de la Concejalía de Comercio. Por ello pide que continúen procesados por los supuestos delitos de prevaricación y usurpación de funciones. El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, responde así a los recursos presentados por los tres investigados contra el auto de apertura de procedimiento abreviado que dictó el pasado 7 de noviembre la juez María Luisa Carrascosa.
Esa resolución les deja a un paso de una acusación formal y la apertura del juicio oral por los indicios que apuntan a que habrían fraccionado 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe de 144.160 euros.
Según el auto judicial, «dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público» y su presunto fraccionamiento convirtió la actuación del ayuntamiento en «arbitraria», ya que benefició a profesionales elegidos «por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia».
Echávarri -investigado en una segunda causa judicial por el despido de una funcionaria-, Díez y De Gea han recurrido esa resolución ante la Audiencia Provincial de Alicante y han pedido el sobreseimiento de la causa porque, a su juicio, los hechos no constituyen delito. En su contestación a dichos recursos, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que sí hubo fraccionamiento de contratos y responsabiliza de ello, como máximo responsable de la Concejalía de Comercio, al alcalde Echávarri.
A juicio del fiscal, el que el regidor delegara en sus asesores «no excluye su participación en los hechos», pues él era quien «ostentaba la cartera de Comercio y despachaba todos los asuntos».
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