El PP amplía la denuncia a Oltra con 27 contratos de posible fraccionamiento

Oltra durante su reciente comparecencia en el Senado por la financiación de Compromís. / efe
Oltra durante su reciente comparecencia en el Senado por la financiación de Compromís. / efe

La formación entrega más documentación a la fiscalía para demostrar que se trata de una práctica común en la Conselleria de Igualdad

A. RALLO VALENCIA.

El PP redobla sus esfuerzos para tratar de que el fraccionamiento de contratos de la Conselleria de Mónica Oltra termine finalmente en un juzgado. El partido formuló recientemente una ampliación de su denuncia inicial en fiscalía contra la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas. La diputada que firma el escrito, Eva Ortiz, ha entregado otra remesa de contratos en los que sus asesores consideran que se ha producido un delito de prevaricación al dividir un mismo servicio en varios contratos con el objetivo de evitar el concurso público. «Se trata de prestaciones o suministros que se contratan por cortos periodos y para centros asistenciales a pesar de que se tiene absoluta constancia de que se trata de necesidades permanentes y son colectivas para todos los centros asistenciales que dependen del mismo departamento», argumentan en el escrito.

Un fiscal Anticorrupción asumió las pesquisas contra el departamento de Oltra. Dispone de seis meses para analizar el asunto, aunque podría solicitar una prórroga. Tras este periodo, llevará el expediente a un juzgado si aprecia indicios de delito. En caso contrario, archivará las actuaciones. En el marco de estas diligencias también podría pedir la comparecencia de los denunciantes o denunciados. Hasta el momento, el ministerio público ha solicitado a la conselleria de Oltra una decena de expedientes para ser revisados.

El PP sostiene que existe un interés «espurio por la continuación de esta praxis ilegal de fraccionamiento de los contratos administrativos». La denuncia recoge que en los propios expedientes se precisa que se trata de una decisión transitoria hasta que se adjudiquen los contratos por el procedimiento abierto. Al margen del fraccionamiento de contratos, se analizan también varios expedientes por enriquecimiento injusto. Los populares de la Comunitat han denunciado en diversas ocasiones el recurso a este mecanismo, que obliga a una administración a atender el pago a una empresa por el servicio prestado por esta al margen de la Ley de Contratos.

La investigación en esta fase prejudicial, de entrada, tiene poco recorrido

El Gobierno valenciano de Puig y Oltra ha justificado el recurso a esta vía en el hecho de que a su llegada al Gobierno tuvo que prorrogar diversos servicios para evitar que la administración se bloqueara. Pero lo que el PP cuestiona es que casi tres años después se siga utilizando un mecanismo que tiene un indiscutible carácter de excepcionalidad.

Las diligencias, a priori, tienen poco recorrido. El delito de prevaricación, sin más, resulta complicado que progrese en una investigación judicial. Diferente sería el supuesto en el que existieran indicios de que ese fraccionamiento se ha efectuado con la intención de favorecer a un tercero, por ejemplo, uno de los empresarios beneficiados. Entraría ya en juego una posible malversación lo que sí apuntalaría la necesidad de abordar el asunto desde la vía Penal.

Ahora bien, para que ese simple fraccionamiento supere la vía administrativa y se califique como prevaricación es necesario un plus en esa cuestionada actuación. Entre estas circunstancias, se encontraría la acción premeditada de eludir la ley y que con ella y de manera deliberada se estén perjudicando los intereses públicos. Y no parece que los hechos reúnan esta serie de características, al menos, en el actual estadio de las pesquisas.

La denuncia de los populares es el primer escollo judicial que pone en cuestión el trabajo de Oltra en su conselleria. Tras la polémica por la gestión de los centros de menores, Oltra se encuentra con la posibilidad de que el asunto pueda terminar en un juzgado. Por otro lado, la judicialización de la política es una práctica a la que Compromís recurrió, con diferente éxito, en su tiempo en la oposición. Lo hizo al denunciar los gastos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, posteriormente archivados o con el caso Cooperación, que terminó en una condena para los responsables.

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