Amenazas a un funcionario de Justicia abortaron el pacto en el caso Cooperación

El exconseller Rafael Blasco. / IRENE MARSILLA
El exconseller Rafael Blasco. / IRENE MARSILLA

La Guardia Civil no ha podido identificar al autor del violento anónimo vinculado al asunto del IVAM en el que se investiga a Consuelo Císcar, mujer de Blasco

A. RALLO VALENCIA.

«Un hecho muy grave que afecta a la seguridad de las personas». Esta fue la explicación que la Fiscalía Anticorrupción ofreció días antes de la confesión del empresario Augusto César Tauroni para no acudir a la declaración que el supuesto arrepentido iba a ofrecer en el juzgado. Las especulaciones acerca de qué había sucedido se dispararon. Hay quien apuntaba incluso que el motivo tenía que ver con la inminente operación policial contra los sobrinos del exconseller Blasco. Pero no. El problema era de una gravedad extrema: amenazas a un funcionario relacionado con la investigación del caso IVAM, asunto en el que se rastrea una década de gestión de Consuelo Císcar al frente de la institución cultural.

Un anónimo, en términos inequívocamente amenazantes, trataba de amedrentar a los profesionales de la Administración de Justicia. Las pesquisas en este caso han avanzado muy rápidamente y a día de hoy existen ya indicios suficientes para sentar a Consuelo Císcar en el banquillo. La exdirectora del IVAM es la mujer del siete veces conseller de la Generalitat Rafael Blasco, que hoy cumple condena por el desvío de fondos en el caso Cooperación.

La Guardia Civil tomó muy en serio estas amenazas. Los anónimos son habituales en casos de corrupción como un mecanismo para trasladar pistas a los investigadores. De hecho, el IVAM, al igual que otras macrocausas, han surgido a partir de este tipo de comunicaciones. Los agentes abrieron una investigación para localizar al autor de este delito. Una de las primeras acciones consiste en buscar huellas. En este caso las encontraron, según las fuentes. Previamente se toman las del destinatario para descartarlas de las de los sospechosos. Sin embargo, la investigación ha tenido que ser archivada ya que el autor no se encuentra fichado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y resulta imposible identificarlo.

De inmediato, además de la investigación, se ofreció a varios funcionarios, que podrían verse afectados por estas amenazas, un refuerzo de la seguridad. Se llegó a plantear la posibilidad de que llevaran escoltas, una medida que finalmente rechazaron.

El caso Cooperación se encontraba entonces en un momento crucial. Eran las Fallas de 2016. Tauroni había negociado su confesión con la Fiscalía Anticorrupción en la misma cárcel en la que estaba preso. Existía una aparente voluntad de la mayoría de los acusados por llegar a un acuerdo en las piezas 2 y 3 (ayudas a ONG´s y fallido hospital de Haití) y pagar algo menos de tres millones de euros de responsabilidad civil. A cambio, los principales cabecillas aceptaban penas inferiores a los tres años de cárcel. Pero todo estalló en las horas previas a aquella declaración clave. El pacto -Blasco era quizá el que más resistencia ofrecía a la negociación- se rompió y ya no se ha vuelto a plantear en los mismos términos. La juez procesó recientemente a todos los investigados. La Audiencia aún no ha resuelto los recursos. El juicio podría celebrarse en 2018.

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