El alcalde de Alicante, investigado por un presunto fraccionamiento de contratos de Comercio

PP y Cs celebran la «celeridad» del proceso para que no se dañe la imagen de Alicante

EUROPA PRESS ALICANTE

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante va a citar a declarar el próximo viernes, 6 de octubre, en calidad de investigado, al alcalde de la localidad, el socialista Gabriel Echávarri, en relación a las presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio.

Así lo han asegurado fuentes jurídicas y 'populares' después de que los portavoces municipales del PP, Luis Barcala, y Ciudadanos, Yaneth Giraldo, hayan acudido este viernes al juzgado a ratificar las denuncias interpuestas por ambos grupos municipales, en una comparecencia en la que también ha estado presente el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

Además del primer edil, según las mismas fuentes, serán llamados a declarar como investigados dos asesores: el de Comercio, Pedro de Gea, y el jefe de gabinete de Alcaldía, Eduardo (Lalo) Díez. Esta causa es relativa a supuestas irregularidades que afectarían a 25 facturas de la Concejalía de Comercio, que dirige Gabriel Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos publicitarios para la campaña de Navidad de 2016.

También serán citados a declarar como testigos el líder de Compromís y portavoz del equipo de Gobierno, Natxo Bellido, y dos funcionarios municipales: el interventor y el jefe de servicio.

A la salida de los juzgados, el edil 'popular' Luis Barcala, ha indicado a los medios de comunicación que la comparecencia de hoy "es una consecuencia lógica de que se hayan abierto diligencias penales en los juzgados", y al respecto ha manifestado que están "más que satisfechos con la celeridad con la que se ha cogido este tema y se va a impulsar".

El portavoz del PP en el Consistorio alicantino ha explicado que el ministerio fiscal ha preguntado "concretamente" si intuían "algún tipo de intencionalidad en el fraccionamiento más allá de lo que hemos expuesto en los hechos". "Nosotros lo que nos hemos limitado es a decir que no intuimos absolutamente nada. Nosotros hemos reflejado unos hechos para que se investiguen y será el resultado de la investigación el que arroje si hay algo más de lo que hasta ahora sabemos o no", ha afirmado.

En ese sentido, ha puntualizado que su misión "no es especular, y mucho menos en un tema de esta gravedad", por lo que ha remitido, "entre otras cosas, a las declaraciones en los medios de comunicación de los propios implicados reconociendo que, o recurrían al contrato menor, o no podían hacer el gasto", por lo que para su grupo municipal "eso es ya una declaración de intenciones lo suficientemente explícita como para que se pueda presumir la comisión de un delito de prevaricación", ha expresado.

Así mismo, Barcala ha informado de que su partido, "por pura responsabilidad" al haber presentado la denuncia, se ha personado como acusación particular. Además, ha mostrado su satisfacción por que Ciudadanos "haya llegado a la misma conclusión y también haya presentado su denuncia y se haya unido al procedimiento", según un criterio "que parece unánime en todos los que hemos estudiado el asunto", ha asegurado.

CS, SATISFECHOS

Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha informado de que su grupo no se presentará como acusación particular, sino que lo dejan todo en manos del fiscal. "No queremos que se politice este tema tan importante, y por eso hemos decidido dar un paso atrás y que sea el fiscal quien lleve este caso", ha dicho.

Así mismo, Giraldo ha indicado que están "muy contentos con la celeridad que le están dando a este asunto porque creo que es de máxima relevancia para el Ayuntamiento y para la imagen de Alicante que este asunto se esclarezca cuanto antes".

Respecto al contenido de la comparecencia, Giraldo ha indicado que la jueza ha preguntado si desde su grupo tenían indicios de si en este fraccionamiento había alguna otra intención, "a lo que por supuesto contesté que no podía saberlo", ha reproducido.

La portavoz de Ciudadanos ha asegurado que "los hechos claros es que hay 25 facturas que se adjudicaron de forma exprés en diciembre de 2016, que había tres unidades funcionales que fueron rotas", y que según las declaraciones del interventor y del jefe de servicio durante la comisión de investigación, "se hicieron a espaldas de los funcionarios y es lo único sobre lo que nosotros tenemos certeza. Por lo tanto, la aclaración de si hay intención o no corresponderá a la justicia", ha concluido.

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