El alcalde de Alicante no dimite pese a ser procesado por fraccionar contratos

Echávarri, ante los medios, esta mañana. / Efe
Echávarri, ante los medios, esta mañana. / Efe

Echávarri se aferra al cargo aunque sus socios de Gobierno amenacen con abandonarle y voces del PSPV aseguren que debe ser relevado

F. M./AGENCIAS VALENCIA.

El empeño de Gabriel Echávarri por mantenerse al frente de la alcaldía de Alicante sufrió ayer un nuevo revés político y judicial. La decisión de la titular del juzgado de instrucción número 9 de Alicante de procesarle por supuesta prevaricación administrativa -en un fraccionamiento de contratos por valor de 190.000 euros en la concejalía de Comercio- acentuó aún más su insostenible situación política. Compromís, el socio prioritario del PSPV en el acuerdo de gobierno de la ciudad de Alicante, anunció su decisión de abandonar el ejecutivo local tras confirmar que Echávarri no pensaba dimitir. Guanyar Alacant, el otro socio de gobierno, tiene previsto hacer lo mismo el próximo día 15. E incluso el portavoz de la ejecutiva socialista, Jorge Rodríguez, anunció que con Echávarri se tomarán decisiones «en horas o días».

En realidad, la opinión del también presidente de la Diputación de Valencia -probablemente un patinazo- fue la excepción a la posición oficial del PSPV en relación con la situación de Echávarri. El vicesecretario general, Manuel Mata, le puso voz a la opinión de la ejecutiva de Ximo Puig: al alcalde de Alicante todavía no se le ha abierto juicio oral, sino que el juzgado ha dictado un auto de conversión en procedimiento abreviado, que es recurrible, explicó. El priopio líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, se remitió a las palabras de Mata para certificar la posición de su partido.

Esa postura, la de explicar que Echávarri está todavía en el escalón inmediatamente anterior al de la apertura de juicio oral, es el que permitió a los socialistas valencianos tratar de sostener ayer la situación del alcalde de Alicante -la ciudad más importante de la Comunitat de las que gobierna el PSPV-. Una posición de perfil jurídico, que obvia no obstante que en términos políticos la posición de Echávarri resulta indefendible, como su propio partido y el resto de formaciones que gobiernan con él en Alicante reconocían cuando era la exalcaldesa Sonia Castedo la que, como consecuencia de su situación judicial, provocó un indiscutible deterioro de la imagen de esa ciudad. Las peticiones de dimisión de Echávarri llegaron desde todas las formaciones políticas -PP, Cs, Compromís, Guanyar Alacant y EU-, menos del PSPV.

En el auto que certifica la apertura de procedimiento abreviado, la magistrada, que atribuye además a los dos asesores -Pedro de Egea y Lalo Díez, este último jefe de gabinete de Alcaldía- usurpación de funciones, cree que se han producido «varias arbitrariedades» que merecen la calificación de prevaricadoras, y destaca que lo relevante penalmente es que «con cada una de las acciones de conformar las facturas como si de un contrato menor se tratara, se incumplió de manera flagrante la normativa en materia de contratos, porque lo que ha quedado acreditado es que esas relaciones no podrían estar amparadas bajo el manto de un contrato menor».

El procedimiento «tenía que haberse hecho respetando las formas y requisitos en la normativa, especialmente los principios de publicidad y transparencia» y «no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, que son principios de la ley de contratos», informa Europa Press.

El horizonte judicial de Echávarri -uno de los 'alcaldes del cambio' como se le señaló ayer con fortuna desde algún medio- se agrava más si cabe por el otro frente judicial que le afecta, el relativo al despido de la cuñada del portavoz del PP en el consistorio alicantino, Luis Barcala, trabajadora interina del Ayuntamiento que fue relevada de su puesto poco después de que el consejal popular denunciara el fraccionamiento de contratos que ahora tiene entre la espada y la pared a Echávarri.

Refundación del pacto

La quiebra de la confianza en el alcalde de Alicante sacudió ayer de forma especial el acuerdo que hace pocas semanas firmaron el PSPV y Compromís para 'refundar' el pacto de gobierno local. La formación que lidera Mónica Oltra anunció de inmediato su salida del Ejecutivo local -un hecho que, junto a la anunciada marcha de Guanyar Alacant, deja a Echávarri en clara minoría-. El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, dijo que si Echávarri no dimite, el grupo de Compromís en Alicante «tomará las decisiones oportunas», y aseguró que «están trabajando en ello». Incluso Mónica Oltra aseguró que el grupo municipal de esta formación en Alicante tiene «todo el apoyo de toda la coalición».

Mata, por su parte, explicó que, si la Audiencia confirma el auto y además la Fiscalía acusa, la juez «inevitablemente» tendrá que dictar auto de apertura de juicio oral, y en ese caso estarían en la situación a la que los socialistas se comprometieron hace unos meses. «Nosotros dijimos claramente en los acuerdos con Compromís que cuando a alguien se le abre juicio oral nuestra organización le pide la dimisión, pero insisto en que no estamos en esa situación», insistió el vicesecretario general del PSPV-PSOE.

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, animó a PSPV-PSOE y Compromís a «aplicar» lo que ellos exigían cuando se abría juicio oral a alguien del PPCV. «Es tan sencillo como eso», remachó.

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