La AIRef señala a la Comunitat como una de las cinco regiones que incumplirán el déficit

Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico.
Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico. / J. MONZO

La Autoridad Fiscal considera improbable que la Generalitat logre el objetivo a pesar de que sí prevé un balance positivo a nivel nacional

EFE

Valencia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera «improbable» el cumplimiento del objetivo de déficit en 2017 por parte de la Comunitat. En su informe de seguimiento mensual de los datos de ejecución presupuestaria, la AIReF asegura que se detectan riesgos respecto al cumplimiento del objetivo de estabilidad en varias Comunidades Autónomas: se considera «improbable» el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2017 en Aragón, Cantabria, Extremadura y la Comunitat, y «muy improbable» en Región de Murcia.

La Autoridad Fiscal confirmó ayer que es factible que las administraciones públicas cierren el ejercicio con un déficit del 3,1 % del PIB, como prevé el Gobierno, tras analizar los datos de ejecución presupuestaria de mayo. En su informe de seguimiento mensual de los datos de ejecución presupuestaria, la AIReF constata que las administraciones públicas han acumulado un déficit equivalente al 3,7 % del PIB en los últimos doce meses -entre junio de 2016 y mayo de 2017-, tras reducirlo en seis décimas en los cinco primeros meses del año.

La AIReF achaca el ajuste del déficit al descenso de los gastos no financieros, que disminuyeron siete décimas hasta mayo, y espera que mantengan un crecimiento «sensiblemente» inferior al repunte del PIB a lo largo del ejercicio para continuar con el proceso de consolidación fiscal. Sin embargo, los ingresos han perdido una décima en porcentaje de PIB en este periodo, lo que dificulta el ajuste del déficit.

La autoridad fiscal ha reiterado que el Estado y los fondos de la Seguridad Social tienen un gran riesgo de desviarse de sus objetivos de déficit -del 1,1 % y el 1,4 % del PIB, respectivamente-, mientras que las comunidades autónomas lograrán su meta (0,4 % del PIB) y las corporaciones se anotarán superávit aunque su compromiso sea de equilibrio presupuestario. La pasada semana, el Ministerio de Hacienda publicó los datos de ejecución presupuestaria de las administraciones públicas correspondiente a los cinco primeros meses del año, que arrojaron un déficit equivalente al 1,61 % del PIB, por debajo del 2,29 % de hace un año.

Puig apuesta por la quita

El president de la Generalitat, Ximo Puig, reiteró ayer su apuesta de que el Estado auma la parte de la deuda de la Comunitat derivada de la infrafinanciación para solucionar los problemas de déficit porque, según subrayó, es «moral devolvernos aquello que no se nos dio».

Puig consideró sus exigencias como una «lógica aplastante de la realidad» y aseveró que ello «no implica ningún tipo de problema moral», sino «todo lo contrario». «Es moral devolvernos aquello que no se nos dio», incidió. El jefe del Consell hizo estas declaraciones a preguntas de los periodistas, tras presidir en Alicante la toma de posesión de Andrés García Reche como vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).

Puig destacó que su gobierno ha conseguido «un avance sustancial» en cuanto al tema de la financiación, puesto que «ya nadie duda» de la «objetiva exigencia» de los valencianos. También se refirió al informe de la comisión expertos para la reforma de la financiación autonómica y afirmó que en él se pone de manifiesto que la valenciana es la comunidad autónoma peor financiada y, que si no se lleva a cabo una reestructuración de su deuda, no podrá «salir al mercado».

«Nosotros queremos que haya singularidad entre los territorios e igualdad entre los ciudadanos, y eso es a lo que tiene que dar respuesta el sistema de financiación», según Puig. El president de la Generalitat expuso que su intención es que la parte de la deuda de la Comunitat que proceda de «la mala gestión» del pasado o «del despilfarro» no la tenga que pagar el resto de españoles, pero sí ha exigido al Estado que se haga cargo de la que tenga que ver con la infrafinanciación.

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