La Agencia Antifraude recibe 35 denuncias, la mayoría por contratación

El organismo impulsado por Podemos presenta su memoria con el balance de actividad de sus primeros meses de funcionamiento

A. G. R. VALENCIA.

La Agencia Antifraude, el órgano impulsado por Podemos para prevenir y luchar contra la corrupción de la Administración, ya ha presentado en Les Corts su primera memoria. El organismo ha recibido en apenas unos meses, comenzó su actividad en el último trimestre del año, 35 denuncias. La mayoría de los escritos están relacionados con las contrataciones de la administración. Y entre estas, destaca especialmente el caso de los Ayuntamientos, que copan el 69% de las presuntas irregularidades. Las otras tipologías de denuncias más frecuentes se encuentran vinculadas a asuntos de personal y subvenciones. Se ignora cuántas de las denuncias anteriores han terminado ya en Fiscalía, el órgano que debe asumir los expedientes con indicios delictivos.

La Agencia Antifraude estableció un procedimiento para proteger a la persona que comunicara hechos presuntamente delictivos. Hasta la fecha, según recoge el balance de la agencia, se ha dado esta condición a una persona. Se trata de un secretario interventor de un consistorio.

Respecto a la forma de comunicación, casi una de cada cuatro se hicieron llegar a través del correo electrónico. Resulta destacable la tipología del denunciante. Cerca de la mitad de los escritos presentados son a instancia del personal eventual de las administraciones.

La Agencia Antifraude en su apartado de reflexiones y propuestas apunta la conveniencia de un pacto social contra la corrupción. Insiste el organismo, dirigido por Joan Llinares, que el fenómeno persiste con similar intensidad. No es algo del pasado superado por completo. Recuerda que se mantiene como una de las preocupaciones de los ciudadanos y recoge el amplio número de procedimientos judiciales en marcha. Propone, por ejemplo como puntos de ese documento, un código de conducta para el personal de las administraciones, regular las denominadas puertas giratorias -regresar a la empresa privada desde la política- o herramientas que permitan hacer un seguimiento eficaz del patrimonio de los políticos cuando abandonan la actividad pública, entre otras iniciativas.

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