La Agencia Antifraude se cita con los partidos tras las críticas por su nueva sede

La entidad que dirige Llinares pagará 10.000 euros de alquiler al mes después de que la Generalitat no les haya cedido unas instalaciones

A. C.

Valencia. La Agencia Antifraude se trasladará el próximo 1 de febrero a la que será su sede definitiva. Un local de 600 metros cuadrados ubicado en la céntrica calle Navellos por el que se pagarán 10.000 euros al mes. Esta situación ha sido muy criticada los últimos días por diferentes formaciones políticas. Por ello, Joan Llinares, director del organismo, ha comenzado una ronda de contactos para citarse con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de Les Corts para explicarles la situación actual que vive el ente.

Desde la Agencia Antifraude se insistió ayer en que estos encuentros con los partidos de Les Corts tienen el objetivo de justificar su traspaso a otras instalaciones. En la actualidad, los nueve trabajadores que tiene el organismo contratados están ubicados en dos pequeños despachos de Les Corts que tan sólo cuentan con dos mesas y dos ordenadores. Una situación que ha sido muy criticada por grupos parlamentarios como el de Podemos. La agencia destacó que esta situación era provisional y que no se puede realizar correctamente el trabajo ni completar la plantilla definitiva de 22 personas que está prevista.

Llinares ya ha denunciado en varias ocasiones el abandono de la Generalitat a la Agencia Antifraude. Desde el organismo insisten en que han realizado varias solicitudes para que la administración les ceda un espacio pero remarcan que estas o les han sido denegadas o no han recibido ninguna respuesta. Por ello, subrayan que se han visto obligados a buscar un local para instalarse de forma definitiva.

La entidad depende en la actualidad de Les Corts, una situación que exigió Podemos a sus socios. El PSPV y Compromís apostaron por que el organismo estuviera adscrito a la conselleria de Transparencia en contra de la opinión de la formación morada pero finalmente cedieron. El arranque del organismo ha sido lento. La normativa de la agencia fue aprobada el 28 de noviembre de 2016, mientras que a Llinares no le nombraron director hasta el pasado julio y, desde entonces, no ha habido manera de que los diferentes trámites fluyan.

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