El PP afirma que las prácticas de Oltra causaron un gasto extra de seis millones

La vicepresidenta Oltra, durante la presentación de la Ley de Servicios Sociales. / efe
La vicepresidenta Oltra, durante la presentación de la Ley de Servicios Sociales. / efe

El partido prepara una ampliación de su denuncia, mientras el PSPV defiende que el Botánico «está limpio como una patena»

A. RALLO VALENCIA.

La denuncia que el Partido Popular ha presentado en la Fiscalía de Valencia es el primer problema judicial al que se enfrenta la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por su gestión al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El escrito cuestiona la legalidad de dos prácticas frecuentes en el departamento autonómico de la líder de Compromís. Por un lado, el fraccionamiento de contratos. Por otro, los procedimientos de enriquecimiento injusto.

El PP sostiene que esta última modalidad -se le paga a la compañía que hasta el momento había desempeñado el servicio aunque el contrato se haya agotado- ha causado un importante perjuicio a las arcas públicas. Los denunciantes mantienen que las actuaciones «reiteradas» de la Conselleria -no sacar a concurso el servicio- ha impedido la competencia de otras empresas del sector.

Un concurso público, de media, suele cerrarse con alrededor de un 14% menos del importe ofrecido inicialmente, según la denuncia. Este porcentaje se traduce en considerable ahorro para las cuentas de la Conselleria. En este caso, en el que los expedientes de enriquecimiento injusto alcanzan los 43 millones de euros, se podrían haber ahorrado seis.

La Fiscalía de Valencia ya ha abierto diligencias para aclarar si los hechos relatados por el PP encajan en un delito de prevaricación. Además, incluyen también el fraccionamiento de contratos en el departamento de Oltra. Dividir el objeto de un mismo servicio en otros directamente vinculados al primero pero de menor cuantía para evitar sacarlo a concurso. En alguno de los supuestos denunciados por el PP se prescinde incluso de la obligación de elegir entre tres ofertas.

Los procedimientos de enriquecimiento injusto no son una excepción en la administración. El Gobierno de Puig y Oltra lo han justificado porque a su llegada al Gobierno se vieron obligados a prorrogar diversos servicios para evitar que la administración se bloqueara. Pero casi tres años después se sigue utilizando un mecanismo de marcado carácter excepcional.

En algún caso de corrupción, como el amaño de los contratos de extinción de incendios en la Comunitat que terminó con la carrera de Serafín Castellano, la UDEF lo destacó como una modalidad para favorecer el interés económico del empresario. La denuncia, no obstante, se concentra únicamente en el procedimiento sin analizar si esa resolución se pudo dictar con algún propósito oculto.

Los contratos cuestionados por el PP están vinculados a los servicios de limpieza en los centros sociales dependientes de la Generalitat. La actuación ya ha generado los reproches de la Intervención y de la Sindicatura de Cuentas. La Conselleria defiende el proceso y que ningún expediente «puede ser aprobado con informe negativo de la Intervención» porque no se podría pagar. Añaden que la vía del enriquecimiento injusto no elude la fiscalización «porque estos gastos pasan por la Intervención General».

El portavoz socialista en las Corts Valencianes, Manolo Mata, salió ayer para defender la ejemplaridad del Consell. «Tanto la Generalitat como la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, están limpios como una patena, salvo por la herencia recibida» del anterior Ejecutivo autonómico del PP. «No van a conseguir meter el dedo en el ojo del Botànic quienes han enfangado la Comunitat y desfilan hoy en día por los tribunales». En una línea muy similar se expresó el síndic de Compromís, Fran Ferri.

Mata considera «intolerable» que los 'populares' intenten así «lavar su imagen de corrupción, paro, despilfarro y empobrecimiento, acudiendo a la Fiscalía con una denuncia absurda». «Por mucho que ahora inicien una campaña para manchar la imagen del Consell más transparente de los últimos años, no conseguirán llevarnos al campo de la corrupción en el que ellos tan bien se mueven», recalcó. El parlamentario también les recriminó ser «responsable directo del caos administrativo, la paralización de contratos y la prórrogas irregulares con los proveedores».

La judicialización de la política es una práctica que con más o menos intensidad practican todos los partidos en la oposición. Mata acusa al PP de ejercerla ahora, pero Oltra también participó en el fenómeno. Cuando estaba en la oposición, se grabó en un vídeo mientras iba a denunciar a la exgerente de FGV por fraccionar contratos. El caso quedó archivado.

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