Un administrador deja una empresa investigada en Taula tras no dar facturas a la UCO

Alfonso Grau y su abogado, camino de la Ciudad de la Justicia. / Damián Torres
Alfonso Grau y su abogado, camino de la Ciudad de la Justicia. / Damián Torres

De Andrés abandona su cargo después de ser requerido por el juzgado para que entregara documentación bajo la amenaza de sanción

A. Rallo
A. RALLOValencia

La empresa Tossalet Producciones está siendo investigada por su presunta colaboración con la firma Trasgos, la agencia que organizó la campaña electoral del PP de 2011 al margen de los órganos de control como el Tribunal de Cuentas. La mercantil está bajo sospecha después de que uno de sus administradores, Jorge de Andrés, tratara en su día de ocultar datos a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El responsable fue citado entonces como testigo en dependencias policiales. Explicó que había trabajado en un mitin de la exalcaldesa Rita Barberá y había facturado a la empresa Trasgos algo más de 11.000 euros. Su testimonio llamó la atención de los investigadores por su precisión en las cifras. Se comprometió a enviar toda la documentación por correo electrónico. Es más, incluso facilitó los datos de su socio, Daniel Peña. Se da la circunstancia de que este último a su vez era socio del dueño de Trasgos en la mercantil Tannhauser. De hecho, la Guardia Civil sospecha que esta sociedad -al igual que otras- eran utilizadas para esconder facturación ficticia con las adjudicatarias del Ayuntamiento, pero que el dinero terminaba en la cuenta de Trasgos, siempre según el informe de la UCO.

A las semanas de comparecer en la Guardia Civil, el testigo no había mandado ninguna documentación. En una conversación telefónica, el agente de la UCO se percató de que De Andrés hablaba con el altavoz activado. Su actitud había cambiado por completo. Ahora decía no disponer de las facturas. Todo esto se puso en conocimiento de la autoridad judicial, que en su última providencia les requirió la documentación bajo la amenaza de apercibimiento. En este periodo -se ignora si ya han presentado el material reclamado- De Andrés ha abandonado sus responsabilidades en la mercantil, según ha podido comprobar LAS PROVINCIAS en el Borme. En la edición del pasado jueves se recogía la salida del responsable de esta sociedad. Se desconocen los motivos, pero la marcha coincide en plena investigación a la financiación ilegal del PP de Valencia.

Los agentes sospechan que el testigo fue presionado para que no facilitara información

La pieza A, conocida como el caso Taula, es la parte de las pesquisas que se encuentra más avanzada de todas las que se dividió el caso Imelsa. El auto que ponga fin a la instrucción podría dictarse en unos meses ya que apenas hay ya diligencias pendientes, más allá de la comisión rogatoria a Bruselas para aclarar los titulares de una cuenta de una de las filiales de Laterne, la agencia que organizó la campaña del PP de 2007.

Los agentes han logrado reconstruir los entramados que supuestamente permitieron al Grupo Municipal sufragar sus campañas electorales al margen de los órganos de fiscalización y por encima de los límites presupuestarios que tenía asignados el partido. Se utilizaron empresas (Laterne y Trasgos) que recibían fondos de empresas adjudicatarias del Ayuntamiento por servicios ficticios. Además, también llegaba dinero en efectivo de las manos de Alfonso Grau, el supuesto organizador de las finanzas en B del PP de Valencia.

La investigación concentra todas sus sospechas en el exvicealcalde de Valencia. Dejó el Consistorio justo antes de las elecciones de 2015 al tener que sentarse en el banquillo por el caso Nóos, del que resultó absuelto. En esos comicios, la formación recurrió supuestamente al blanqueo de 50.000 euros a través de donaciones de los afines al partido que posteriormente se devolvían en dos billetes de 500 euros. Casi medio centenar de personas se encuentran investigadas.

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